De los embrollos judiciales en los que está inmersa la Cámara de Comercio de Pontevedra, dos asuntos son los más relevantes por dirimirse en el ámbito de las posibles responsabilidades penales. El juzgado de Instrucción y el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, han dado en las últimas semanas un nuevo impulso a uno de ellos, en el que se investiga un presunto delito contra la administración de Justicia por parte de altos directivos de la entidad, al citar a declarar como imputados a buena parte del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio pontevedresa.

Mientras tanto, la segunda de las investigaciones abiertas permanece atascada en Brasil. En ella se investigan las contrataciones realizadas por la Cámara de Comercio con la empresa Contrato Em Comunicaçoes Empresariais, propiedad de un pontevedrés, Juan José María Lago, quien curiosamente comenzó trabajando como becario en la propia Cámara. El pasado mes de abril se cumplían dos años desde que la Fiscalía decidió "abrir el melón de la Cámara" y solicitar diversa información referente a estos contratos. Lo hacía a raíz de una denuncia de un grupo de trabajadores de la propia entidad en la que se reflejaban posibles irregularidades en la adjudicación de los contratos del ente a esta empresa de Brasil.

El fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, tiró del hilo y comprobó que, efectivamente, había situaciones sospechosas como el hecho de que la secretaria de la Cámara, Rosario "Charo" Lorenzo, apareciese como firma autorizada de la cuenta bancaria en la que Juan José María Lago recibía las transferencias de la Cámara como pago por los servicios prestados por Contrato Em Comunicaçoes Empresariais. Al fiscal le sorprendió todavía más el hecho de que la secretaria de la Cámara hubiera realizado retiradas de dinero en efectivo y cargos a esa cuenta por valor de unos 16.000 euros. La secretaria de la Cámara figuró como autorizada en la cuenta de José María Lago desde el 16 de octubre de 2006 hasta el 2 de abril de 2012, es decir, hasta un mes después de que entrase en el registro de la Cámara el primer oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos solicitando información sobre los supuestos contratos irregulares.

La investigación del fiscal Santaló acabó en querella contra Charo Lorenzo por un presunto delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios y el juzgado la citó a declarar. Lo que no había trascendido hasta ahora es que en aquella comparecencia Lorenzo se mostró colaboradora y respondió a todas las preguntas que le realizaba el fiscal salvo a una. ¿Cuál era el destino del dinero que retiró de las cuentas de Juan José María Lago? La actual secretaria de la Cámara de Comercio no quiso o no pudo responder a esta pregunta. No declaró y esta fue la principal razón para que la Fiscalía ampliase el delito investigado al de un posible cohecho.

La ausencia de respuesta a esta única pregunta llevó a la Fiscalía a solicitar la declaración como imputado ante el juzgado de instrucción del propietario de Contrato Em Comunicaçoes Empresariais, Juan José María Lago. El Ministerio Público dará la oportunidad de que sea el empresario quien aclare cuál era el destino del dinero retirado por la secretaria cameral, o de lo contrario, sospechará que en realidad bien pudiera tratarse de un posible soborno a cambio de la adjudicación de los contratos (de 3.800 euros al mes) de representación de la Cámara en Brasil.

Sin embargo este interrogatorio lleva meses sin poder realizarse y el procedimiento está parado desde entonces. Todos los intentos que realizó la Fiscalía y el propio juzgado de Instrucción para que Lago prestase declaración en la sede judicial de A Parda resultaron en vano ante la negativa de Lago a desplazarse a Pontevedra. Pese a que estuvo citado en varias ocasiones, no compareció en ninguna de ellas alegando que se encontraba en Brasil. La Fiscalía incluso ofreció la posibilidad de que declarase por videoconferencia, pero tampoco accedió.

Al final, el Ministerio Público se ha visto obligado a obtener la declaración de Lago utilizando la vía de una comisión rogatoria. Esto es, será la propia justicia de Brasil la que, a petición del juzgado de instrucción de Pontevedra, formule a Lago las preguntas incluidas en un cuestionario que el fiscal acaba de remitir a Brasil. Todo este proceso retrasará unos meses las actuaciones pero permitirá que finalmente Lago responda a las preguntas de la Fiscalía de Pontevedra, aunque sea compareciendo en una sede judicial de la ciudad de Florianópolis, en donde está asentada la empresa de la que es propietario.

La nómina de imputados y de delitos investigados a raíz de la denuncia de los trabajadores no es mayor debido al paso del tiempo. Y es que en su querella el fiscal de delitos económicos advierte que la Cámara adjudicó estos contratos "sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni publicidad, no obstante estar sometidos a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad". El acuerdo cameral que adjudicó este contrato a Comunicaçoes Empresariais data de abril de 2002 por lo que el posible delito de prevaricación estaría ya prescrito.

Esta primera investigación sobre los contratos en Brasil está relacionada de forma indirecta con la segunda que tiene abierta el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, y que el juzgado retomó en las últimas semanas con la declaración de varios miembros del Comité Ejecutivo. El Ministerio Público tiene indicios de que el despido de cuatro trabajadores de la Cámara es una represalia por parte de los directivos camerales contra ellos por denunciar las irregularidades que ahora investiga Santaló.

Estas declaraciones se producen a raíz de una querella que presentó ante el juzgado el fiscal jefe y por la que ya comparecieron como imputados el entonces presidente de la Cámara, Antonio Gómez Rivera, y la secretaria Charo Lorenzo. En las últimas semanas el fiscal pidió que también compareciesen como imputados otros miembros del Comité Ejecutivo que avalaron aquellos despidos en una reunión del 26 de diciembre de 2012. El objetivo del fiscal pasa ahora poder determinar el grado de conocimiento que tenía el comité ejecutivo de aquellos despidos o si, por el contrario, este era más bien limitado y la responsabilidad de los mismos se ciñe solo a los dos principales cargos directivos de la cámara: su presidente y la secretaria.