Ante la avalancha de recursos judiciales que comienza a acumular la vía urbanística por la que ha optado el gobierno local para tratar de regular la actividad de los crematorios y, al mismo tiempo, poner freno a la alarma social generada, el concejal de Urbanismo, Antón Louro, reiteró ayer su "confianza" en los servicios técnicos y jurídicos del Concello, al tiempo que muestra su "total respecto" a las empresas que deciden acudir a la vía judicial.
"Nosotros reaccionamos ante una alarma social y si alguien, alguna empresa, se siete dañado, tiene todo el derecho del mundo a defender sus intereses particulares", apuntó Louro, quien quiso subrayar precisamente que "las empresas defienden sus intereses particulares, pero a mi me toca defender los intereses de los pontevedreses". El edil cuenta desde hace semanas con un auto favorable que superpone ese interés general a los empresariales.
