Hace diez años, en un proceso inverso a la política de externalización de servicios (privatización) que está en boga, el actual presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, "internalizó" su servicio jurídico y "esta decisión de convertir lo privado en público se revela como un éxito", en palabras del jefe del servicio, Bernardo Sartier. Ayer compareció al lado del vicepresidente provincial, José Manuel Figueroa, para hacer balance y puso sobre la mesa resultados como los siguientes: en este tiempo la Diputación intervino en 451 pleitos, de los que solo 80 -el 18% del total- fueron desfavorables a los intereses de la institución provincial, en tanto que 244 fueron favorables y el resto quedaron archivados o los demandantes renunciaron a seguir adelante.
"De las últimas 20 sentencias, solo una es desfavorable" apuntó Sartier.
El trabajo realizado por la asesoría -que tienen una plantilla de cinco personas- ha permitido ahorrar a la Diputación 4,5 millones de euros en pagos a abogados y procuradores.
El grueso de las demandas presentadas tienen como destinatario el departamento de Infraestructuras pero no solo por incidencias en las carreteras, una red de 1.800 kilómetros en la provincial, sino también por otro tipo de reclamaciones: las derivadas de la presencia de sustancias deslizantes o de animales salvajes, sanciones por distancia de retranqueo, etc.
