La alcaldesa, Catalina González, justificó ayer el desalojo de los afectados por las preferentes porque éstos "rompieron el pacto" tácito que mantenían con la administración local.
La regidora subrayó que una de las condiciones de la corporación para permitir el encierro en dependencias municipales era que "no podían interferir en el normal desarrollo de la corporación", algo que "se alteró el lunes" con la suspensión del pleno, cuyo aforo de público ordenó limitar a 50 personas "por recomendación de los responsables de seguridad", en vista de que, aparte de víctimas de las preferentes, pretendía acudir un colectivo de apoyo al nuevo colegio de Vilalonga.
"Todos teníamos claro desde un principio que habría colaboración total pero que no se podía afectar el desarrollo de la vida municipal. En cuanto no se pudiera celebrar una comisión informativa o de Gobierno, o un pleno, se desalojarían las dependencias municipales", explicó.
La alcaldesa de Sanxenxo también consideró que los afectados por las preferentes "rompieron el pacto" cuando convocaron a medios de comunicación de ámbito nacional y mantuvieron reuniones con miembros de los partidos de la oposición, a los que ha reprochado que "se presten a este juego".
Ha destacado que hasta la fecha la relación del ayuntamiento con los afectados por las preferentes era de "total colaboración" y que la intención es que así siga siendo en adelante, pero insistió en que "hay unos límites que no se pueden traspasar", por lo que cree "acertada" la decisión de desalojar el salón de plenos.
González avanzó que el Gobierno municipal estudiará si de la suspensión del pleno del lunes se pueden exigir "responsabilidades" a quienes la causaron.
