La Fiscalía de Menores llama la atención en su memoria anual sobre el incremento de menores que padecen trastornos de comportamiento y que derivan en conflictos graves en el seno de la familia, aumento que "preocupa cada vez más" a los responsables del Ministerio Público.

Se trata de conductas que se observan tanto en el ámbito familiar y educativo como en el de los servicios sociales y son casos para los que se constata no solo la dificultad para detectarlos de forma temprana, sino también el retraso que suele producirse en su derivación hacia servicios especializados de salud mental y la inexistencia de recursos específicos para atender las situaciones más graves en que el trastorno impide la permanencia del menor en su entorno familiar y social.

Relacionado con esto está el incremento, un año más, de los expedientes de reforma abiertos en la Fiscalía a menores que protagonizaron casos de maltrato en el ámbito familiar. El aumento ha sido notable, de un 75%, pasando de los 90 de 2010 a los 158 de 2011. En muchos casos llegan al Ministerio Público una vez que ya han intervenido los servicios de Protección de Menores pero el resultado no ha sido satisfactorio: "Son menores disociales, en conflicto social, que reiteradamente incumplen las normas, no acatan ni respetan el principio de autoridad son absentistas, plantean problemas en las aulas con continuos enfrentamientos con compañeros y profesores y en muchas ocasiones con consumo de sustancias tóxicas", señala el informe de la Fiscalía que coordina Encarnación Bullón.

Estos jóvenes tampoco respetan las normas en el seno familiar, "hacen lo que quieren y ejercen violencia psíquica y física con sus progenitores (rompen objetos en el domicilio si no se accede a sus deseos, sustraen cantidades de dinero, insultan y amenazan a los integrantes de la unidad familiar)".

Para la Fiscalía, es necesario la detección temprana de este tipo de conductas para evitar que vayan a más y en este punto es fundamental el papel de la Xunta y los distintos servicios afectados y repartidos por distintas consellerías: Educación, Salud Mental y Menores, entre otros. No obstante, el Ministerio Público explica que resulta habitual que estos servicios "se peloteen" al menor entre los distintos departamentos sin que se actúe de forma eficaz en la mayoría de los casos. La administración se escuda con frecuencia en lo que ellos mismos denominan "carencia de medios adecuados".

Por este motivo, desde la Fiscalía de Menores de Pontevedra se "echa de menos" la elaboración de un protocolo que implique a autoridades educativas, sanitarias, a los servicios de protección de menores y al Ministerio Público a fin de conseguir "por un lado un rápido diagnóstico de las patologías y, por otro, una clara derivación a los recursos disponibles. De no existir estos recursos, podría estudiarse su creación en función de dichas patologías. La propuesta no es nueva pero, aunque ya se ha impulsado desde la propia Fiscalía pontevedresa, por el momento no se ha recogido el testigo por parte de la administración.

Por otra parte, también han crecido los asuntos en materia de violencia de género que tienen a menores como infractores pasando de tres a once en el último año, así como los delitos de naturaleza sexual cometidos por menores (de 11 a 38) sin que la Fiscalía encuentre una explicación clara a dicho aumento.

Con todo, pese al fuerte ascenso de los delitos de maltrato en el ámbito familiar, cabe destacar que las faltas contra el patrimonio y los delitos por lesiones (pequeñas peleas), hurtos, robos y daños acaparan el 60% de las infracciones cometidas por menores.