La pretensión de la Consellería de Medio Rural de que sean los concellos los que asuman el control sobre las reses mostrencas y los daños que ocasionan los caballos salvajes ha sido acogida con malestar e incluso con sorpresa entre los alcaldes de la comarca, al entender que este tipo de materia corresponde a la Xunta, como responsable de la Sanidad Animal, además de advertir de que los concellos carecen de medios para vigilar el pastoreo libre en sus montes.

El conselleiro Samuel Juárez explicó el pasado martes en Pontevedra que la Xunta sólo "puede colaborar" con los ayuntamientos, pero dejó claro que la administración local es la que debe intervenir en un fenómeno que tiene en pie de guerra a las asociaciones vecinales del rural y a las comunidades de montes por los daños que causan los caballos.

Uno de los más críticos con las intenciones de Samuel Juárez fue ayer el alcalde de Pontevedra, Miguel Fernández Lores, pero no es el único. Lores replicó al conselleiro que "ni él mismo se cree lo que dice porque los concellos no tenemos la más mínima competencia sobre animal alguno". Añade que "quien ordena instalar los chips en las reses (una medida que cuestionan, a su vez, las asociaciones caballares) y quien autoriza el pastoreo libre en el monte es la Xunta, con el añadido de que esos caballos ocupan el monte de varios municipios, pero a la hora de controlar esos rebaños, quieren endosarlo a los concellos", insiste el alcalde, que no parece muy dispuesto a aceptar esa "imposición".

Desde el propio PP han surgido voces discrepantes con esa pretensión. Es el caso del alcalde de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, vicepresidente también de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Rodríguez deja claro que esa vigilancia de los caballos salvajes "no es una competencia de los concellos", como sí pretende Medio Rural. Aunque evita críticas directas a su compañero de partido, el regidor de Ponte Caldelas lamenta que "la legislación en materia de montes otorgue a los concellos competencias para las que no tenemos medios, como es este caso o el de las limpiezas". Por ello, apuesta por abrir una vía de diálogo, quizás a través de la propia Fegamp "sobre la nueva ley de montes, porque de nada vale echar el problema a los concellos cuando los medios municipales, especialmente en municipios pequeños, son muy limitados".