Lores insta a Marín a luchar por el futuro del puerto en vez de plantear una guerra de cargos

Para el nacionalista Fernández Lores la polémica sobre si el consejo de la Autoridad Portuaria debe tener dos representantes de Marín o uno de esta localidad y otro de Pontevedra "é un tema manido" y que la propia legislación regula "con sentido".

"Mentras exista un porto que afecte a dous términos municipais –e de eso non hai dúbida ningunha– os representantes dos dous concellos teñen que estar nos seus órganos de goberno, entre outras cousas porque ten que ver co planeamento" sostiene el alcalde de Pontevedra, antes de recordar que precisamente por ignorar las advertencias de los concellos, y de manera muy especial las hechas desde el gobierno local que preside, el plan urbanístico del puerto está parcialmente anulado.

Pero además, para el regidor de la capital, existen otras razones que justifican de por sí la presencia de un vocal pontevedrés en la Autoridad Portuaria como, por ejemplo, que "o porto de Marín recibe todos os servicios (saneamento, abastecemento de auga...) dende Pontevedra".

Razones ignoradas

Ninguna de estas dos cuestiones –cobertura legal o prestación de servicios– es valorada por el gobierno local de Marín que preside el socialista Francisco Veiga quien, con el aval unánime de la corporación municipal, formalizará ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por la Consellería do Mar que asigna uno de los dos vocales municipales de la Autoridad Portuaria a Pontevedra.

Los marinenses reivindican los dos vocales en base a que el puerto ocupa terrenos sin delimitar, en tanto que las sucesivas ampliaciones ganadas al mar (rellenos) deben adscribirse a su término municipal.

Fernández Lores lamenta la unanimidad de este planteamiento, que interpreta como una cobardía política en tanto en cuanto "ninguén se atreve a plantexar con claridade o que se debería facer".

Frente a esta polémica "estéril", Fernández Lores insta a la corporación de Marín a afrontar, y mejor de manera coordinada, los problemas "reais" del puerto y que, a día de hoy, serían: cómo afrontar las dos sentencias firmes que anulan parte del plan de ordenación urbanística del puerto y declaran ilegales 300.000 metros cuadrados de rellenos (sobre los que hay cuatro empresas y un muelle de contenedores) y articular un plan de actuaciones que garanticen el futuro de un puerto catalogado de interés general.

Suelo

"O que tiñamos era que estar na procura dun espazo, chámese porto seco, plataforma loxística ou como se quera, para que as industrias que traballan en relación co porto, sen que necesariamente teñan que estar nel, poidan ter unha ubicación alternativa" sostiene el alcalde de la ciudad, que recuerda que planteó esta cuestión en el consejo de la Autoridad Portuaria, sin resultado.

Se había abierto un debate sobre los requisitos que deberían cumplir estos terrenos industriales –no a más de 10-12 kilómetros del puerto, como mínimo 400.000 metros cuadrados y con conexión ferroviaria– perono llegó a traducirse en iniciativas concretas.

"Nós ofertamos, porque está recollido no noso planeamento futuro, unha ubicación en Leborei pero se non vale da igual. O que nos preocupa é o futuro do porto e non podemos estar a expensas de que empresas localizadas nun recheo que ten que ser retirado non teñan alternativa" recalca Miguel Fernández Lores.

El tiempo se echa encima, advierte el alcalde pontevedrés, "e o que hai que facer e garantir o futuro do porto, que teña máis tráficos, mellores comunicacións" y para ello, en su opinión, lo recomendable es sumar esfuerzos en vez de perder el tiempo en litigios sin sentido.

"Dende o noso concello apostamos por unha visión comarcal" señala el alcalde antes de concluir que "se hai outras persoas que siguen centrados na leira, eu non o comparto".