Además de paralizar buena parte de la actividad judicial, retrasar miles de vistas y alargar la proverbial demora que sufre la administración de justicia, tres meses de huelga de los funcionarios han hecho mella a nivel personal. Tres meses de incertidumbre, de lucha, de nóminas recortadas. La división sindical de las últimas semanas de conflicto, palpable en el ambiente de las oficinas, ha colmado la paciencia. Ourense impulsa una recogida de firmas en todos los juzgados gallegos para exigir a los siete sindicatos que aparquen sus enfrentamientos, se unan y cierren un acuerdo con la Xunta para poner fin de una vez al conflicto, que sigue sin desconvocarse pese a a que la gran mayoría han vuelto hace días a sus puestos. "Estamos en un barco a la deriva mientras los sindicatos están con sus problemas, parecen niños de colegio. Queremos que se acabe ya, que dejen a un lado sus hostilidades y alcance un acuerdo con la Xunta".
La iniciativa partió de un grupo de trabajadores de la oficina de la Fiscalía de Ourense pero, según dejan claro, "expresa el sentir mayoritario de los funcionarios". Más de un centenar participó en una asamblea celebrada en el edificio judicial de la ciudad, a la que no se permitió la entrada de dos representantes sindicales -de UGT y USO- que pretendían dar su visión. "La gente ya no quiere explicaciones, sino soluciones", resume una funcionaria. El acuerdo de los trabajadores se remitió ya ayer a los otros ocho partidos judiciales de la provincia, para que los funcionarios valoren si se adhieren con su firma. El lunes se hará llegar al resto de Galicia.
El colectivo ourensano avisa de que el conflicto se ha "enquistado y no hay ninguna alternativa viable". Además, recuerda que la exigencia de la Xunta para levantar la huelga es que el comité esté representado por todos los sindicatos. Actualmente, el órgano se encuentra en una situación "irregular", dicen los funcionarios de Ourense, por el abandono de CC OO y la falta de acuerdo entre el resto de centrales. Solo CUT, STAJ, CIG y SPJ-USO forman parte activa en este momento.
Dan de plazo una semana
El escrito aprobado en la asamblea de Ourense ayer, y que busca la adhesión de todo el colectivo en Galicia, será remitido asimismo a las fuerzas sindicales. Así emplazan los trabajadores a sus delegados: "Queremos un fin inmediato de este conflicto para lo que exigimos que permitan que el comité de huelga cumpla con su cometido". Dan un plazo de una semana para que CC OO se reincorpore al órgano de negociación, y que "las siete organizaciones sindicales le comuniquen a la Xunta la validez del comité de huelga como órgano para resolver y poner fin al conflicto, además de solicitarle la convocatoria inmediata de una reunión".
Avisan con forzar elecciones
El frente de funcionarios que urge el fin de la huelga al margen de los sindicatos les recuerda que si no cumplen con la peticiones de los trabajadores en el plazo de una semana, "entenderemos que la actual representación sindical no responde a los intereses manifestados por los trabajadores y (...) procederemos a promover la revocación de la actual representación sindical a través de la convocatoria de elecciones para conseguir una composición que respete y responda a los intereses mayoritarios de los trabajadores y trabajadoras".
El acuerdo de Ourense que se propone al resto de Galicia establece como documento base para la negociación final la última oferta de la Xunta -supone una subida salarial de entre 122 y 140 euros según la categoría-, aunque el colectivo pretende que se corrijan algunas propuestas. Por ejemplo, garantizar "que el complemento retributivo de determinación autonómica se mantenga siempre por encima de la media de las cuantías percibidas en los ámbitos territoriales con competencia en materia de justicia".
En cuanto al plan de recuperación del trabajo acumulado una vez se levante la huelga, quieren que sea "a la mayor brevedad posible, de común acuerdo con el TSXG y la Fiscalía del TSXG", para "agilizar el trabajo en los órganos judiciales, de manera que se acorten los plazos de tramitación de los expedientes". El objetivo deberá ser, según el colectivo, "la recuperación, por lo menos, del 80% del trabajo atrasado por culpa de la huelga o como resultado de esta. Afectará a la totalidad de oficinas y servicios judiciales de Galicia, y a todos los cuerpos al servicio de la administración de justicia".
La solución inmediata a la huelga que plantean los funcionarios, dando un paso al frente para superar la brecha sindical, coincide con la visión de la Xunta sobre la urgente necesidad de resolver el conflicto. La administración quiere que los siete sindicatos participen en una mesa sectorial de negociación para zanjar un conflicto que atasca la justicia más de lo que estaba y causa un grave perjuicio a ciudadanos, procuradores, abogados y otros colectivos.
