Un informe de la Intervención Municipal revela la existencia de "irregularidades" en el proceso de cesión de la Casa da Maxia a la Diputación por parte del concello. Así, el grupo de Ourense en Común, después de meses de espera, tenía conocimiento del mencionado informe que devuelve al servicio de Urbanismo el expediente sobre la cesión, por basarse en "criterios interpretativos muy divergentes, incluso contrarios a la cesión", además de "vulnerar" la Orden de 25 de febrero de 1982, en lo que se refiere al ejercicio de las unciones del personal, y mismo de la Relación de Puestos de trabajo (RPT) del concello, al no incluir el correspondiente informe del jefe de servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, un trámite "esencial" en este tipo de expedientes.
En este sentido, y como hizo cuando trascendió la intención del gobierno popular de "regalar" a la Diputación dicho inmueble, Ourense en Común denuncia la "patrimonialización que el Partido Popular hace de lo público jugando al intercambio de cromos con bienes de todos como si fuesen suyos", y advierte del detrimento que para los ourensanos supondría perder un edificio valorado en más de medio millón de euros, y que además presta actualmente un servicio "fundamental de conciliación familiar y de desarrollo asociativo".
Así, de consolidarse la cesión a la Diputación, que tiene como objetivo crear el museo de los bolechas, eso supondría "suprimir la ludoteca y otros servicios necesarios para la ciudad", cuestión que parece "importarle bien poco al gobierno del PP", sobre todo después de las reiteradas advertencias realizadas.
En este sentido, por parte de OUeC señalan, además de la "agenda oculta" con que se tramitó la cesión, "en secreto" desde 2015, que se anunciase en noviembre de 2016 de forma oficial, y a cuyo expediente no se daba acceso a los grupos de la oposición hasta meses después. Un expediente que como ahora señala la Intervención Municipal, es "irregular".
Eso llevó consigo que por parte de OUeC, acogiéndose al Reglamento de Bienes de las entidades locales, siguiera defendiendo que "por ser un bien público que presta un servicio, la cesión debe ser resuelta por la corporación, en pleno, y con el voto favorable de la mayoría absoluta de su miembros".
Otra de las cuestiones en las que inciden es que OUeC fue el único grupo de la oposición que presentó alegaciones a la cesión, en abril de 2017. Por lo que espera que los otros dos grupos de la oposición tengan un pronunciamiento claro para que ese edificio siga prestando esos servicios.
