La relación entre la Fiscalía y la magistrada Eva Armesto en la causa por la muerte en 2016 de un policía en la comisaría de Ourense es una historia de discrepancias y tiranteces. El ministerio público y la instructora, lejos de ir de la mano, mantienen distintos pareceres en varias cuestiones procesales que pueden ser claves en el devenir del caso contra los inspectores gemelos Roi y Bernardo D. L., investigados por el supuesto homicidio de su compañero Celso B. A., que apareció en su despacho con un tiro en la cabeza el 9 de abril de 2016, junto a 3 de las 6 armas desaparecidas. La juez ordenó la detención de los hermanos en enero, tras casi 2 años de secreto, porque considera que el crimen fue cometido para encubrir presuntamente el robo de las armas del búnker y los anónimos. Armesto señaló indicios contra Roi y Bernardo de hasta 7 presuntos delitos. La Fiscalía discute que la magistrada de Instrucción 3 pueda investigar la sustracción de las pistolas y los escritos sin nombre, puesto que ya existían causas abiertas con anterioridad en los otros dos juzgados de instrucción de la ciudad. Ella se considera competente. La Audiencia de Ourense resolverá.
No es el único debate jurídico sobre el que el tribunal provincial tendrá la palabra con relación a este caso. La magistrada Armesto y la fiscal Pilar Manso también discrepan sobre si un policía, el exinspector antidroga Antonio R. F., -investigado en la Zamburiña por supuesto trato de favor a confidentes- puede ser parte en la causa contra los gemelos. El ministerio público, la defensa de Roi y Bernardo así como el abogado del fallecido sostienen que no procede. La magistrada entiende que sí porque fue uno de los señalados en el anónimo a Asuntos Internos, que denunciaba una corrupción policial no confirmada, así como víctima de la presunta apropiación de claves para elaborar las pruebas falsas de los escritos.
Fiscalía e instructora tampoco están de acuerdo con algunos informes de la causa. Según indican fuentes jurídicas, Armesto descartó un informe policial de Madrid en el que se aludía a un suicidio. El documento venía sin firma. La Fiscalía considera que debe constar, sin perjuicio de que el juzgado solicitara una rectificación al organismo para que se identifique a los agentes autores de la pericial.
El debate sobre la competencia de la magistrada llega a la Audiencia sin que conste respuesta de Eva Armesto al requerimiento que su compañero de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, formuló en febrero para que explique sus razones para unificar en la causa del homicidio la del robo de armas. Recientemente, su juzgado ha reiterado la solicitud de información. El magistrado indagó primero la sustracción ocurrida en el búnker, todavía sin resolver por completo ya que solo se recuperaron la s tres armas halladas en el despacho de Celso. Las diligencias de Leonardo Álvarez son de 2014, cuando se echaron en falta las primeras tres pistolas. El caso estuvo archivado hasta que la Zamburiña de Asuntos Internos -con 4 expolicías más una docena de presuntos traficantes imputados- dio otro enfoque. Ahora en dos vías separadas, Álvarez mantiene la Zamburiña a un paso de dictar si abre o no juicio, mientras en la causa paralela de las armas están investigados al secretario de la comisaría más el instructor de tiro y armero.
Cuando la pesquisa de la muerte de Celso aún se encontraba bajo secreto, Armesto requirió por primera vez a Álvarez el asunto de las pistolas. El juez accedió. La Fiscalía se opuso a una unificación y su apelación fue aceptada por la Audiencia, que ordenó al instructor inicial continuar con ese caso. La segunda petición a Instrucción 1 por parte de la magistrada Armesto fue recurrida por el ministerio público y la defensa de los gemelos. La juez contestó diciendo que ella es la autoridad competente para averiguar todas las irregularidades de la trama de la comisaría de Ourense porque, según su criterio, a Celso lo mataron presuntamente para ocultar la desaparición de las pistolas, y ve conexión entre todos los delitos. Esta decisión de la instructora es la que la fiscal y la defensa han recurrido estos días ante la Audiencia. El abogado de Roi y Bernardo, Neil González, se apoya en esa supuesta falta de competencia para pedir la nulidad, una cuestión que también valorará la Audiencia. La defensa quiere, además, que se relaje la obligación de que Roi y Bernardo tengan que acudir cada día al juzgado para firmar.
El lío de causas se completa con una tercera en Instrucción 2 por las posibles injurias y calumnias vertidas en los anónimos. Unos presuntos delitos que Eva Armesto también apunta en sus diligencias. La Fiscalía sostiene que deben ser materia del juzgado número 2 porque su titular, Luis Doval, abrió el caso primero. Además, el ministerio público considera la infracción ya prescrita, al haberse superado el plazo máximo de un año antes de que esos delitos caduquen (los anónimos a Asuntos Internos y a la prensa son de noviembre de 2014 y de febrero de 2015, respectivamente).
