Los profesores de la Universidad ponen deberes al próximo rector y en su lista incluyen el valor de los méritos a la hora de conseguir plazas, la flexibilidad de los contratos para adaptarse a la realidad de los grupos de investigación, el reconocimiento de todas las tareas que realizan, la retención del talento joven y la defensa de las reivindicaciones laborales de la plantilla ante Xunta y Gobierno central para recuperar su poder adquisitivo.
Pedro Pablo Gallego preside la Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) funcionario en representación de AGPTU (Asociación General de Profesores Titulares de Universidad). "Valoramos los méritos a la hora de conseguir las plazas. Pero no somos partidarios de funcionarizar a todos los trabajadores, sino de las escalas y de contratos flexibles, adecuados al tipo de trabajo que desempeña cada uno. Defendemos los contratos por obra y servicio para ayudar a consolidar los grupos de investigación, pero es una temeridad que todos tengan que convertirse en permanentes", expone.
También defiende la figura, actualmente "pervertida", del profesor asociado y pide planes estratégicos para cubrir las jubilaciones. Respecto a la aplicación del polémico "decreto Wert" asegura que fijar el máximo de docencia en 240 horas como defienden los dos candidatos se debe "discutir y particularizar": "Me parecer arriesgado jugar con bajar horas a todo el mundo. Muy pocos profesores están por encima de esa cifra. Hay que revisar las tareas de cada uno individualmente".
Respecto a las negociaciones con Xunta y Gobierno central, Gallego anima al próximo rector a retomarlas "con fuerza" para intentar recuperar el poder adquisitivo y los derechos "perdidos con la crisis" pero también le reclama que sea "realista con los números": "Nunca apoyaremos propuestas que afecten a los capítulos esenciales o impliquen el endeudamiento de la Universidad sin justificación".
En caso de que ambas administraciones escuchen las demandas de las universidades y aumenten la dotación económica, CIG PDI-funcionarios reclama el abono de las pagas extra, la eliminación de las tasas de reposición y la derogación del "decreto Wert", así como subidas salariales para recuperar, al menos, el poder adquisitivo anterior a la crisis. Esta lista también incluye renovar el cuadro de personal, aumentar el profesorado estable, promocionar a todas las personas acreditadas y dotar a los grupos de I+D de personal para tareas burocráticas.
"Y si continuamos en el contexto restrictivo actual pedimos al próximo rector políticas basadas en las necesidades docentes estructurales para permitir el equilibrio en las diferentes áreas, especialmente, en aquellas infradotadas de los ámbitos jurídico-social y tecnológico", demanda Aquilino Alonso, delegado de CIG en la Junta de PDI funcionario.
Asimismo, aboga por que el Rectorado alcance un "consenso" con la comunidad universitaria para elaborar unas políticas de promoción estables y defiende que el profesorado a tiempo completo aumente "desde el 70% actual a un 85 o 90%". Reclama además que los docentes no sobrepasen las 240 horas y que sean "valorados por todo el trabajo que realizan". En este sentido, pide el reconocimiento, entre otras actividades, de las direcciones de trabajos fin de grado y máster, prácticas o tesis, además de la participación en órganos de representación. Y reclamará al nuevo rector que "simplifique" la burocratización que "ahoga" a los profesores.
Bienvenido Diez, representante por UGT en el Consello de Goberno y la Junta de PDI, echa en falta en esta campaña un debate entre los candidatos a los vicerrectorados de Investigación y Planificación Económica para conocer más en detalle la gestión del día a día, aunque celebra la "normalidad democrática" de volver a contar con más de una lista.
Entre sus principales reclamaciones también incluye el reconocimiento de todas las labores docentes, incluidos los desplazamientos entre campus para dar clases, y recuerda que en el primer mandato de Salustiano Mato se formó una comisión que en el segundo no continuó su labor. También demanda la supresión del "decreto Wert" y las tasas de reposición, y unos criterios claros de promoción, así como la definición del concepto de especialización académica propuesto por la Xunta.
Respecto a la prometida reducción a las 240 horas, Diez se pregunta "cómo hacerlo con los recortes y si afectará a toda la plantilla". Y pide al próximo rector que retenga a investigadores con figuras postdoctorales como las Parga Pondal: "La Universidad no puede permitirse perder este talento". Lamenta que en la última legislatura la negociación "brilló en ocasiones por su ausencia" y pide a los futuros integrantes del Consello de Goberno que tengan "criterio propio" por encima de grupos: "No tenemos que estar viciados por las tácticas de los partidos. Se trata de política académica y todos somos compañeros. Pedimos coherencia con la comunidad universitaria".
