Cientos de personas participaron ayer en las manifestaciones convocadas de forma separada, por los sindicatos UGT-CCOO y CIG en Ourense, O Barco de Valdeorras y Verín para exigir "pensiones dignas" y denunciar la situación de "pobreza y precariedad", señalaron, que sufren los perceptores de una pensión de jubilación, viudedad u orfandad, máxime, puntualizaron, en una provincia como la de Ourense en la que, pese a que uno cada tres vecinos tiene más de 65 años, se cobran las pensiones más bajas de España.

Según los datos aportados por los propios líderes sindicales durante las movilizaciones de ayer, en Ourense se pagaron en marzo cerca de 109.000 pensiones. La pensión medida en esta provincia ronda los 680 euros. Del total de pensiones (orfandad, incapacidad o viudedad) la mayoría, es decir un total de 68.364 son pensiones de jubilación, por las que se pagan una media de 745 euros mensuales en la provincia, lo que sitúa a Ourense a la cola nacional. Además lo que cobra por su pensión de jubilación un ourensano, es casi la mitad de los 1.400 euros que, como media, cobra un jubilado en Euskadi.

Pero además la pensión mínima puede llegar a situarse en los 330 euros, por lo que según coinciden en señalar todos los sindicatos convocantes ese 0,25% de subida anunciada por el Gobierno, sigue reduciendo el poder adquisitivo de los pensionistas en Ourense.

Pese a esa gran brecha que separa al perceptor de una pensión en Ourense, los sindicatos se manifestaron por separado ayer. La primera movilización convocada por la CIG partió a las 11.30 de la Plaza do Ferro y los participantes se dirigieron por la calle Santo Domingo hasta la delegación del INSS, coreando consignas a favor del sistema público de pensiones.

Alas 12 horas partía de la Plaza Mayor la segunda movilización convocada por CCOO y UGT, la más numerosa en la ciudad, con más de 700 participantes, según los convocantes, mientras que, a la misma hora, cientos de manifestantes secundaban también las convocatorias de protesta celebradas en Verín y O Barco.

Anxo Pérez Carballo, secretario comarcal de la CIG, puntualizó que "esta es una campaña de protesta contra la aniquilación de la política de pensiones, pero también de recuperación de los derechos que nos fueron arrebatados a golpe de decreto" .

Proponen huelga general

También señaló que desde la CIG "denunciamos que se rescate dinero público para bancos y multinacionales y al mismo tiempo se arrebate a los pensionistas su derecho a salir del umbral de la pobreza en el que se encuentra".

El líder comarcal de la CIG recordó que "las mujeres son las más perjudicadas, pues trabajan más horas a jornada parcial y cotizan menos, con lo cual su pensión es todavía peor". Por todo ello la CIG se mostró ayer partidaria de "ir a una huelga general para derogar esos decretos y recortes de los que ha sido cómplice la oposición".

La concentración convocada por CCOO y UGT en la ciudad, partió a las 12 del mediodía de la Plaza Mayor y recorrió la calle del Paseo coreando consignas como "pensións públicas e de calidade" o "goberne quen goberne as pensións non se venden".

Unas 700 personas participantes desde pensionistas, despedidos y vecinos en general llegaron hasta la Subdelegacion del Gobierno, donde se dio lectura a un manifiesto conjunto de UGT y CCOO.

Los convocantes insistieron en "en que no se puede seguir jugando con las pensiones. Hay que recordar que en la actualidad en Galicia la pensión media no supera los 788 euros y en Ourense está alrededor de 665 euros, y sí añadimos que tenemos una tasa de actividad (según datos de la EPA IV trimestre de 2017) del 47,8% el resultado es que las pensiones siguen siendo el sustento de muchas familias en la provincia" y pidieron que las pensiones se revaloricen, cuando menos en base al incremento del IPC"

Además recordaron que "esa lucha no lo es solamente por la subida de las pensiones, sino que están en juego también las pensiones futuras de una generación, que impulsó el crecimiento de la economía y el estado de bienestar como ninguna otra lo había hecho anteriormente, y que con estas medidas no mantendrán los mismos derechos que tienen las generaciones precedentes", señalaron los convocantes.