28 de marzo de 2018
28.03.2018

El Defensor del Pueblo ve pasividad de la Xunta en las canteras de pizarra

Cuestiona la gestión de las Consellerías de Economía y de Medio Ambiente por incumplir la vigilancia y protección al entorno natural

28.03.2018 | 03:23
Canteras de pizarra de Casaio, Valdeorras. // J.Regal

No informa "con detalle" de los resultados de las inspecciones sobre el daño ambiental de las minas de pizarra, "retraso" en la comprobación de la restauración de los perjuicios en zona explotada, no conoce "con precisión" el estado de las explotaciones y su afección al medio ambiente? Son algunas de las conclusiones del Defensor del Pueblo recogidas en un informe entregado esta semana en Congreso y en el que advierte de la pasividad de la Xunta ante las minas pizarreras en la comarca de O Barco de Valdeorras.

No es la primera vez que el Ombudsman critica la falta de control del Gobierno gallego sobre la actividad extractiva. Hace ya cinco años urgió al Ejecutivo autonómico que tomase medidas en las explotaciones de Carballeda de Valdeorras (Ourense) y abrió una investigación de oficio sobre a mina de oro en Corcoesto ( A Coruña).

En el punto de mira del Defensor del Pueblo están tanto la Consellería de Economía e Industria como la de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por incumplir su función de vigilancia y protección del medio ambiente.

Afección ambiental

Tras requerirles información sobre el impacto de la industria extractiva en la zona, tanto en la red hidráulica como en el paisaje, con el objetivo de conocer el estado de los procesos de restauración en las explotaciones ya abandonadas y comprobar las inspecciones y controles a los que están obligadas las administraciones, el Defensor del Pueblo concluye que ni informan con suficiente detalle sobre los resultados de las inspecciones realizadas, ni de cumplimiento por los operadores de las obligaciones ambientales ni sobre la suficiencia de las garantías prestadas para acometer la restauración ambiental ni sobre las actuaciones hechas o en curso para reparar los daños; así como tampoco conocen con precisión el estado de las explotaciones mineras objetivo de queja y su afección al medio ambiente.

"Lo informado por la Consellería de Economía no acredita el correcto ejercicio de las potestades que tiene atribuidas por el ordenamiento jurídico para garantizar que la minería se desarrolle de forma sostenible y con respeto al medio ambiente".

Medidas correctoras

Así de rotundo se manifiesta el Defensor del Pueblo en su informe anual de 2017 sobre las minas de pizarra en la comarca de Valdeorras. Por ello, la oficina del Valedor, dirigida desde el verano pasado por Francisco Marugán y hasta entonces por Soledad Becerril, urge tanto a las Consellerías de Economía y Medio Ambiente como a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil que evalúen los efectos sobre el medio ambiente de la actividad extractiva en la comarca ourensana, incluidas las afecciones al dominio público hidráulico, decidan las medidas correctoras que deben adoptarse e identificar al responsable, identificar la información que deben intercambiar las distintas administraciones en la tramitación de los procedimientos para otorgar y modificar concesiones mineras, autorizaciones de dominio público hidráulico, evaluación ambiental y de restauración de la legalidad y sancionadores así como la adopción de mecanismos de colaboración para garantizar la aplicación de estas sugerencias, según recoge el documento remitido a la Cámara baja.

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