Las ofertas públicas de empleo de 2013 y 2014, aprobadas por el anterior gobierno socialista, cuyos procesos se iniciaron recientemente, corren el riesgo real de ser anuladas debido a que habrían caducado, al superar el plazo de los tres años "improrrogables" para la ejecución de todo el proceso, y que afectaría tanto a las plazas de concurso como a las de promoción interna que se habían aprobado en su momento.
Por lo de pronto la Delegación del Gobierno remitió al concello el pasado viernes un requerimiento de anulación de la oferta pública de empleo de 2014, y al que tiene previsto presentar las correspondientes alegaciones, como así se lo trasmitió ayer la concejala de Recursos Humanos y Personal, Flora Moure, a los representantes de los grupos de la oposición en la junta de área.
Y aunque Moure señala que se trata de una "requerimiento de oficio", y que la caducidad que se plantea solo afectaría a las plazas de promoción internas, en lo que a las de 2014 se refiere, visión diferente se mantiene por la oposición, a tenor de lo que plasman en su informe los servicios jurídicos del Estado, al mantener que afecta a toda la oferta pública de empleo, que incluye las plaza de Policía Local, cuya primera prueba está prevista para el 5 de marzo.
Otra de las cuestiones relativas a la caducidad, es que por parte del concello se esgrime que la convocatoria se formalizó antes de que se cumpliesen los tres años desde la aprobación de la oferta pública de 2013 y de las de 2014, por lo que no se habría producido.
Por contra, los servicios jurídicos del Estado mantienen la caducidad, en este caso de la oferta pública de empleo de 2014, y esgrimen en sus fundamento una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en la que se hace referencia a que existe caducidad al señalar que: "En todo caso, la ejecución de la oferta pública de empleo o instrumento similar deberá desarrollar dentro del plazo improrrogable de tres años", por lo que no se trata de convocarla, sino de finalizar todo el proceso.
Contencioso
Pero no es el único frene que tiene abierto el concello en relación a lo que los socialistas consideran "la errática" política de personal que lleva a cabo el gobierno popular. Así, el recursos presentado por el sindicato policial SPPME, relativo a la nulidad de la oferta pública de empleo de 2013 llega a la vía Contencioso Administrativo con una vista fijada para mediados de marzo.
La petición que hacen al magistrado es que se declare la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, lo que llevaría consigo que quedase sin efecto la convocatoria para la cobertura de plazas que se habían aprobado en su momento, incluidas las de policía local, después de que se celebrase recientemente el primer examen, y por parte del concello se tenga previsto convocar una segunda, una vez se conozcan las calificaciones.
