Antes de que la juez del Penal 2 de Ourense, Susana Pazos, declarase el juicio visto para sentencia, Áurea Soto, Fernando Varela y Xosé Somoza usaron su derecho a la última palabra. La primera, que fue responsable de Urbanismo, leyó un texto y tuvo que detenerse en varias ocasiones a causa de emoción.

Comenzó recordando que quien la denunció, el sindicalista y funcionario José Javier García Gago, dirigió la acusación contra ella, el alcalde y la directora de Recursos Humanos "para recusarnos, forzar los plazos y conseguir por silencio administrativo la compatibilidad en la Universidad de Vigo que los informes jurídicos municipales le negaban".

Reiteró que no atribuyó "ilegalidad alguna" a los contratos de servicios y que pusieron "todo el empeño" en conseguir la cobertura mediante convocatoria pública.

Recordó que asumió las competencias de la oficina de Rehabilitación en noviembre de 2012, después de la detención del alcalde, y en enero de 2013, "sustentada en informe del jefe de servicio acordé mantener los contratos 3 meses justificándolo en el programa de interinos sin plaza, pero al no conseguir culminarlo resolví en mayo de 2013 prescindir de sus servicios". Decreto que, dijo, "se ocultó".

Soto explicó que se ha pasado estos cuatro años "intentando entender, saber por qué" han acabado en el banquillo: "He visto los contratos de servicios en otras administraciones, en otros concellos, en la Xunta, en el Estado, y la jurisprudencia laboral y contenciosa que se ha ido generando, y se sigue generando; jamás han salido del ámbito administrativo y laboral, jamás han sido examinados en instrucción penal y menos en un juicio oral". Por ello entiende que fue su responsabilidad como concejal de Urbanismo lo que la llevó al banquillo: "Porque no me sometí a ninguna presión ni a ningún chantaje; el alcalde y mis compañeros están aquí porque no podía estar yo sola", concluyó.

El exedil del BNG, Fernando Varela, aseguró que firmó siempre en base a los informes técnicos favorables y que "si el jurídico me hubiese dicho que firmar me llevaría al juzgado, no habría firmado". También relató que, como afiliado a la CIG, se dirigió al sindicato al conocer que la denuncia partía de la organización: "Me dijeron que aquí solo había una presa a cazar, que es Áurea Soto". Xosé Somoza lamentó que les hubiesen tratado "como a delincuentes" y confió en una sentencia absolutoria "que sirva para reconfortarnos ante los que nos ven así".