El interventor también declaró ayer como testigo para ratificar que observó deficiencias en las facturas mensuales, por lo que comenzó a hacer reparos en los que avisaba de la ilegalidad y sus consecuencias. Indicó que las contrataciones menores cuestionadas vulneraban las normativas contractual y laboral ya que incumplían la temporalidad máxima de un año, excedían el importe anual de 18.000 euros y "se prorrogaron de forma irregular".
Lo correcto, indicó, "habría sido un procedimiento de concurrencia competitiva, que es radicalmente diferente a la asistencia técnica". Indicó también que, en general, emite "bastantes reparos que se levantan habitualmente".
También pasaron por el estrado como testigos el funcionario denunciante y sindicalista de la CIG, José Javier García Gago, que quiso poner de relieve "la existencia de un mecanismo para meter a gente en la administración vulnerando los principios de capacidad y mérito". A nivel político declaró la exjefa de Personal Carmen Rodríguez Dacosta, el secretario del pleno, un asesor jurídico de Urbanismo, el actual portavoz del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero, y el exedil nacionalista Alexandre Sánchez Vidal.
Nueve años sin reparos
La última en declarar fue la arquitecta Elvira Carregado, que trabajó en la oficina de Rehabilitacion entre 1999 y 2008 a través de asistencias técnicas "que nunca recibieron nigún reparo". En 2008 consiguió la plaza de funcionaria interina a través de un proceso selectivo.
