La Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha resuelto un expediente sancionador contra el Concello de San Cibrao das Viñas por los vertidos realizados en los meses de mayo y junio de 2016, por lo que tendrá que afrontar el pago de 83.000 euros. Los hechos han sido denunciados en su momento por Amigos da Terra y por la Plataforma Ríos Limpos.

El organismo comunica a las entidades ecologistas que el expediente sancionador contra el Concello de San Cibrao de Viñas versa sobre los vertidos realizados los días 7 de mayo y del 7 al 10 de junio, "incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización de vertido" otorgada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en el año 2004. Para Amigos da Terra resulta destacable que estos vertidos, producidos el año pasado, "ocasionaron daños valorados en 19.137,60 euros", como consecuencia del impacto que ha tenido en el dominio público hidráulico, a causa de un vertido contaminante de detergentes, y una indemnización en concepto de multa por importe de 63.791,98 euros. Recalca además que se trata de una autorización del año 2004, "ya transgredida por el Concello de San Cibrao en múltiples ocasiones".

Amigos da Terra recuerda que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil había manifestado anteriormente la "reiteración de la conducta antijurídica" del Concello de San Cibrao, siendo sancionado en múltiples ocasiones desde 2006 hasta la actualidad, por el incumplimiento de las autorizaciones de vertidos.

El colectivo ecologista indica que "esta manía, reiterada y pertinaz, de infringir la legalidad, llevó al organismo de cuenca a imponer la sanción máxima prevista en la ley para el vertido, que en esta ocasión está tipificado como grave". Esta nueva multa es "la última de una larga lista, de por lo menos unos diez expedientes condenatorios en los últimos cinco años", entre los que destaca la sanción impuesta por un importe que sobrepasaba los 114.000 euros por unos vertidos realizados en marzo de 2010, otras de 18.700 euros en el año 2013 y de 10.000 euros en 2015.

También recuerda que aún queda pendiente la resolución de un caso mucho más grave, que está en vía judicial por delito ecológico, de unos vertidos producidos en el año 2009, que causaron la muerte de 17.000 peces y daños a la flora de la ribera.