El alcalde de A Pobra de Trives, Francisco José Fernández Blanco, prestó declaración ayer ante la juez como investigado por un posible delito de prevaricación administrativa por demorar el cumplimiento de una resolución judicial que ordenaba reincorporar a la secretaria municipal a su puesto de trabajo, del que había sido cesada por decreto de Alcaldía en mayo de 2016. La citación parte de la querella formulada por la propia funcionaria, Milagros Calvo, a quien el regidor tardó cinco meses en devolver a su plaza en el Ayuntamiento de Trives a pesar de que existía una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con fecha del 16 de marzo de 2017 que suspendía de forma cautelar la resolución sancionadora contra la secretaria en espera de una sentencia firme.
La juez de instrucción de Trives apreció la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa en los hechos denunciados por la funcionaria y citó ayer a declarar al regidor, en calidad de investigado. Fernández Blanco respondió a todas las preguntas alegando que los escritos y oficios que recibió relativos al procedimiento relacionado con la secretaria municipal los remitía a un letrado de Madrid con el que el Concello de Trives tiene contratados los servicios jurídicos. Indicó que, a pesar de ser abogado de profesión, desconocía los asuntos en el ámbito contencioso, por lo que enviaba todo a este letrado. El abogado de la denunciante pedirá que se llame a declarar a este letrado como testigo.
El alcalde precisó que no fue hasta el 4 de agosto, cuando recibió un requerimiento personal, que decidió incorporar en su puesto a la secretaria municipal. El hecho de que pasase más de un mes desde este escrito hasta que firmó el decreto de admisión, el 7 de septiembre, explicó, se debió a que el mes de agosto es inhábil para muchos letrados, de ahí la demora.
También puso de manifiesto ante la juez que el 22 de junio el Juzgado Central Contencioso-Administrativo de Madrid número 8 confirmó la sanción impuesta por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a Milagros Calvo. A pesar de que esta resolución le daba la razón, puntualizó que optó por atender el requerimiento personal y reincorporar a la secretaria. Dicha sentencia mantiene la suspensión de funciones de esta funcionaria como secretaria-interventora por el período de año y medio, pero la resolución no es firme y ya fue recurrida por el Concello de Trives, que pide una sanción mayor, y también por la letrada.
En declaraciones a Europa Press, el alcalde se mostró "tranquilo" ante este proceso. Precisamente, el pasado mes de septiembre el Penal 1 de Ourense lo absolvió de otra acusación por prevaricación administrativa tras ser denunciado por un concejal, tras levantar una sesión plenaria en enero de 2014. Se enfrentaba a una petición de pena de 8 años de inhabilitación.
