Un hombre de 41 años acusado de un delito continuado de abuso y agresión sexual a una niña de 12 años, hija de su compañera sentimental con las que residía en la ciudad de Ourense, negó ayer en el juicio todos los hechos denunciados por la menor en 2012. El caso llega a la Audiencia Provincial cinco años después del inicio del procedimiento y quedó visto para sentencia tras celebrarse la vista a puerta cerrada.

La supuesta víctima, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, mantuvo su relato y tanto la Fiscalía como la acusación particular ratificaron su petición de pena: 14 y 15 años respectivamente por abusos reiterados y agresión sexual. Por "daños psicológicos" solicitaron 10.000 y 30.000 euros para la joven. Además, la fiscal incorporó ayer a su petición cinco años de libertad vigilada para el encausado.

Por su parte, la defensa reclamó la libre absolución de su cliente alegando que las acusaciones vertidas por la menor son "falsas". El abogado apuntó la existencia de "numerosas contradicciones" tanto en la fase de instrucción como ayer en el juicio.

En declaraciones al finalizar la vista, la letrada que representa a la menor y su familia contrapuso al argumento de la denuncia falsa los informes de los peritos a la hora de otorgar "el grado más alto" de credibilidad al relato ofrecido desde un primer momento por la presunta víctima. Nueve médicos, ocho de ellos funcionarios públicos, explicó, no plantearon "ni la más mínima duda". La prueba pericial incluye los informes de dos psicólogas del Imelga que fueron ratificados por otras dos profesionales y el de una psiquiatra. Todos ellos coincidentes, indicó la letrada, en que el testimonio de la denunciante "es totalmente creíble y que no hay motivo para dudar de su veracidad".

Por el contrario, la defensa ha visto "contradicciones importantes" tanto en lo relativo al "cuándo" sucedían los supuestos abusos sexuales como a la hora de concretar si había otras personas en la casa en el momento en el que se producían.

Al margen de las versiones ofrecidas, existen mensajes y notas manuscritas dirigidas a la menor en los que el acusado habría reconocido su letra en la fase inicial de instrucción, pero cuya autoría negó ayer en el juicio.

Los hechos descritos por la acusación y que comparten tanto la fiscal como la letrada que representa a la familia, fijan el inicio de los supuestos abusos sexuales en septiembre de 2011, tres meses después de que el acusado se instalase en el domicilio de la menor y su madre, con la que mantenía una relación afectiva.

"Guiado por el ánimo de satisfacer su deseo sexual", recoge el escrito de la Fiscalía, el acusado "comenzó a acercarse a la menor cuando ambos se encontraban solos en el salón de casa, prodigándole besos y caricias íntimas en distintas partes del cuerpo, para después sacarle la ropa y penetrarla vaginalmente".

La relación con la madre finalizó en octubre de ese año y el acusado abandonó el domicilio pero "siguió visitando la casa y manteniendo contacto con la menor". En abril de 2012 volvió a instalarse en la vivienda en calidad de "inquilino" y hasta finales de septiembre de ese año, "y aprovechando las ocasiones en que se encontraba a solas con la menor mantuvo relaciones de carácter sexual con esta". Durante este período, describe la fiscal, los supuestos abusos se repitieron "con una carencia de una o dos veces por semana en el salón de la casa, en la cocina y en sus dormitorios".

Señala el escrito de Fiscalía que el acusado venció la oposición de la menor en base a su ascendencia sobre ella y su mayor edad, además, describe el escrito, "le manifestó que la quería, prometiéndole un futuro juntos y que en caso de contar algo se quedaría sola porque él iría a la cárcel y su madre la mandaría con su padre".

Estos hechos afectaron a la menor que tuvo que recibir tratamiento terapéutico. La acusación reclama también los gastos médicos que ascienden a 815,34 euros al Sergas, y 2.662,55 euros para la administración del Estado.