El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, entregó ayer a los portavoces de los grupos políticos un documento del Ministerio de Fomento que certifica que la anualidad pendiente de pago para la reforma y rehabilitación de la Plaza de Abastos número 1 de la ciudad se realizará en 2018.
El escrito detalla que la inversión máxima a cargo del Gobierno a través del 1,5% cultural asciende a 3,5 millones de euros y que la primera parte, por importe de 1,19 millones, se abonó a cierre de 2015. La siguiente anualidad, con los 2,3 millones restantes, no pudo entregarse en 2016 ni en 2017, aclara el certificado, por lo que el pasado mes de junio se acordó proceder al "reajuste de anualidades" para su abono en 2018.
El alcalde convocó a los portavoces ayer para entregarles este documento e intentar despejar las dudas que la oposición planteó en el pleno de agosto en el que el gobierno local llevó a aprobación el compromiso de gasto por el importe total del proyecto de rehabilitación (5,5 millones), tal y como exige el interventor municipal. El aval es necesario para sacar a concurso la reforma cuando ya está en marcha, aunque con retraso, la obra para reubicar a los placeros en la Alameda mientras se ejecuta la rehabilitación. Tal y como explicó ayer el portavoz del grupo de gobierno, José Araújo, se trata de garantizar que el Concello asumiría con fondos propios la finalización de la obra en el caso de que la subvención del Gobierno finalmente no llegase.
El compromiso de gasto no llegó a votarse en agosto precisamente porque la oposición solicitó una garantía oficial de que Fomento aportará la cantidad que resta. Este certificado, firmado por Francisco Javier Martín Ramiro, subdirector general de Arquitectura y Edificación y secretario de la comisión mixta, serviría, a juicio del gobierno local, como prueba de que "se va a cumplir lo acordado con la subvención inicial". Araújo apuntó al término de la junta de portavoces que "es el momento de que la oposición se comprometa con un proyecto vital para la imagen, funcionamiento y día a día de la ciudad". Desveló también que el portavoz del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero, fue el que más dudas planteó respecto a las garantías y apuntó que el alcalde "se ofreció a acompañarlo a Fomento" para que reciba la información necesaria.
Barquero, por su parte, esgrime que el interventor explicó que el acuerdo de junio fue adoptado por un "órgano deliberante pero no resolutivo" por lo que la subvención sigue prescrita desde diciembre de 2016. En este sentido, ha pedido un informe al interventor que refleje por escrito si el documento ofrecido por el alcalde garantiza la prórroga.
El portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, sostiene que "estamos ante una encrucijada" en la que hay dos posibilidades, "arriesgar y tirar para adelante" o "recular y perder la inversión".
Ourense en Común, por su parte, mantiene sus dudas. Martiño Vázquez cree que el certificado no es más que un "papel" y ya vislumbra un "pacto tácito" entre PP y DO.
