A finales de 2016, la Comisión Mixta que forman la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aprobaron las propuestas de nuevas unidades judiciales para Galicia, cuya creación corresponde al Gobierno central. La demora en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado ha impedido que los nuevos juzgados previstos hayan entrado en funcionamiento cuando se preveía, superado ya el primer semestre, tras anunciarse como fecha probable el primer tercio del año. A Ourense le corresponde un séptimo de Primera Instancia, una sede civil que ayudaría a descargar a toda la jurisdicción, permitiendo un mayor desahogo a los de Familia (Instancia 6) y Mercantil (Instancia 4, que no obstante se ha librado de los asuntos civiles como medida de compensación por absorber todas las demandas de cláusulas suelo).
España tendrá 90 unidades judiciales nuevas y el plan de la Xunta es que la de Ourense se ponga en marcha entre las primeras. Pero la entrada en funcionamiento puede demorarse a diciembre o enero. Tras la creación por decreto del Gobierno -se baraja el mes de septiembre-, aún será necesaria la instalación física y la dotación de medios materiales por parte de la Xunta -hay espacios libres en la quinta planta-, así como el concurso para la adjudicación de las plazas de magistrado, letrado y 7 funcionarios.
