Una vez que DO llevó el asunto a un plenario, y ante la falta de actuación del entonces gobierno socialista, su portavoz, Pérez Jácome, decidía presentar la correspondiente denuncia por presunta malversación de caudales públicos, por parte del gobierno, y de estafa, por los vendedores. Pero no tuvo recorrido, como recordó ayer, ante la "sorpresiva" decisión del fiscal de archivarla, por un proceso que llevó a que el concello entregase dinero público y siga sin tener la propiedad.

Entendía el fiscal que "no concurren los elementos necesarios" para imputar la a junta de gobierno los delitos que se indicaban en la denuncia, ya que "son delitos de naturaleza estrictamente dolosa, con la intención de delinquir". De ahí la petición de archivar la causa contra los herederos vendedores, a los que se le imputaba falsedad-.

En el informe de archivo, el fiscal entendía que "no existe actuación dolosa en la compraventa", para incidir que "no elaboraron ningún documento mendaz, máxime cuando la escritura la confeccionó un notario". Y en caso contrario, la posibilidad que el fiscal no contempló para seguir adelante, "faltarían a la verdad en la narración de los hechos al atribuirse erróneamente ante el notario el 95,17% de la propiedad y no de la parte que les correspondería en los respectivos derechos hereditarios", con lo que concluía que "tal falta de verdad, por tanto, no dejaría de ser más que una falsedad ideológica" , que entiende no es punible.