Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) viene de rechazar las pretensiones de una constructora, que en su momento presentó una reclamación patrimonial por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2003, por una cuantía económica de 145.228 euros. Esto hace que el Concello lleve a día de hoy "salvados" más de 24 millones de euros, en función de las resoluciones favorables.

De ahí que el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, destaca que "frente al tremendismo" y el futuro "catastrófico" que se había presentado por parte del anterior gobierno socialista, en el que alertaba sobre la posibilidad de que el Concello tendría que hacer frente a más de 100 millones de euros en responsabilidades patrimoniales, la "realidad es otra muy diferente".

Así, la anterior responsable de Urbanismo había advertido que las más de treinta reclamaciones que se habían presentado como consecuencia de la anulación del planeamiento, el montante económico superaba los 110 millones de euros, lo que podría llevar a la "bancarrota" al concello.

En este sentido, y a la espera de que se produzcan otros pronunciamientos judiciales, Cudeiro espera que las "sentencias sigan el mismo camino", y que pasa por rechazar las pretensiones de empresas y particulares que en su momento presentaron las correspondientes reclamaciones por la vía judicial.

Lo que no descarta el responsable del área de urbanismo es que el Concello pueda tener que hacer frente a determinadas indemnizaciones, pero cuyas cuantías en ningún caso "serán millonarias", como las que se llegaron a solicitar, y que en casos puntuales superaban los 15 millones de euros.

Aprovechamiento urbanístico

En las sentencias emitidas hasta estos momentos por parte del alto tribunal gallego el argumento principal para desestimar las reclamaciones patrimoniales de las empresas y particulares es que no se había llevado a cabo el procedimiento para el aprovechamiento en esas zonas que se contemplaba el PXOM de 2003 que fue anulado por el Tribunal Supremo.

Unos trámites que, como explica a FARO el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, contemplan el proyecto de compensación o el de urbanización, que no se habían formalizado, por lo que se desestiman la reclamación, toda vez que dispusieron de un período de tiempo, entre 5 o 6 años, antes de que se anulase definitivamente el planeamiento de 2003, para poder llevar a cabo todo el procedimiento.

Otra de las cuestiones en la que se incide por parte del gobierno municipal, en función de los datos de que disponen, es que no se tiene conocimiento de que se recurriese en casación las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, todas ellas favorables al Concello, ya que como en la última resolución que se produjo se le impone las costas a los recurrentes, con lo que el procedimiento en el Supremo llevaría consigo un importante coste económico.

En lo que incide el edil de Urbanismo es en la relevancia que tienen estas sentencias para las arcas municipales, ya que en algunos la petición de reclamación patrimonial oscilaba en torno a los 20 y 15 millones de euros, y todas relacionadas con los aprovechamiento urbanísticos que contemplaba el PXOM de 2003 en diferentes zonas, que no se desarrollaron antes de que se produjese la anulación definitiva.

Algunas de estas reclamaciones estaban vinculadas con aprovechamientos en la zona de O Polvorín y Mariñamansa, y que superaban los 644.000 euros, o los 1,6 millones de euros en terrenos ubicados en Casardomato, en la antigua carretera a Vigo.

Lo que también señala Cudeiro que en algunos casos, esos aprovechamientos que se recogían en el planeamiento de 2003 se contemplan en el documento del nuevo planeamiento urbanístico elaborado por el gobierno socialista y aprobado inicialmente en a finales del anterior mandato, pero que a día de hoy sigue "bloqueado" ante la falta de acuerdo entre el gobierno y los grupos de la oposición.