Dolores C. J. y José Ramón F. S. no tenían antecedentes penales hasta la fecha. Ayer comparecieron a juicio en el Penal de Ourense y reconocieron que compraban joyas robadas en los tres establecimientos de "compro oro" que regentan en la ciudad de As Burgas. No fue necesario celebrar la vista oral. Los acusados llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, reconociendo su responsabilidad. El ministerio público solicitaba una pena de 1 año y 6 meses de cárcel para cada uno así como el pago de una multa de 3.780 euros. El acuerdo rebaja la duración a 5 meses de prisión -sin efectos prácticos-, más una multa de 1.440 euros.
Con la conformidad se considera probado que los dos acusados se valieron de los tres establecimientos que regentaban en la calle Basilio Álvarez, la Avenida de Portugal y la Avenida de Zamora, "para adquirir todo tipo de joyas de sus ilegales poseedores, fuera del marco legalmente establecido, y a sabiendas de su ilícita procedencia", tal y como detalla el escrito de acusación de la Fiscalía.
El ministerio público cita algún caso. El día 24 de mayo de 2014, un ladrón acudió como en ocasiones anteriores a la tienda de los acusados de la calle Basilio Álvarez -ya no opera-, y le mostró a un menor de edad -que ya fue juzgado en su jurisdicción- las joyas que había sustraído el 20 de ese mes en un domicilio.
Como al menor no le llegaba el dinero del que disponía para adquirir las alhajas en ese momento, a razón de 17 euros por el gramo de oro cuando el precio de mercado se situaba de 22 a 25, el menor acudió al acusado José Ramón. Este, conocedor del origen robado de las joyas, abonó un importe total de 1.300 euros por unos efectos que su legítimo propietario había valorado en 15.000 euros. Esta operación fue fraudulenta, sin registrarla en los libros de compra del establecimiento. Es más, el acusado apagó las cámaras de seguridad para llevar a cabo el acto.
La Fiscalía cita un precedente. En septiembre de 2012, la acusada adquirió en su domicilio de la ciudad de Ourense los efectos que otro ladrón había sustraído el día 3 de ese mes en una vivienda de la capital. La mujer también era conocedora de la procedencia ilegal de las piezas.
En la condena por receptación, la Fiscalía pedía el cierre definitivo de los tres establecimientos "compro oro" regentados por los dos acusados.
