En lo referente al edificio de Marcelo Macías, en el que viven 90 familias y sobre el que pesa sentencia de derribo, el portavoz del PP señaló que "estamos francamente preocupados en el concello por la situación de esas familias y de sus negocios", indicó el portavoz popular.
La solución inicial fue solicitar un informe externo, que propondría proteger ese edificio legalizándolo en el nuevo PXOM. Pero se ha decidido someter ese informe a criterio del equipo redactor del PXOM para ver si ellos ven viable incorporarlo al nuevo Plan.
El portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez, señaló al respecto que ellos abordan el tema desde un punto de vista humano, jurídico y de planeamiento y responsabiliza a los que ocasionaron la anulación del PXOM de 2003, entre ellos al ahora presidente de la Xunta, y piden que se convoque una comisión de investigación sobre la anulación del planeamiento.
Al portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero, le llama atención que el informe sobre esta vivienda que habían hecho un jurista se envíe ahora al equipo redactor del PXOM. "El PP me reconoció que no había seguido esta misma metodología", es decir informar en dos ocasiones las alegaciones de los 5.000 vecinos que alegaron al nuevo el PXOM, lo que cree que podría hacer caer de nuevo el plan.
Finalmente el portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, señaló que "el PP marea la perdiz; dijeron que hay un límite de treinta meses, porque la ley le permite meter diez multas de tres meses cada una antes de derribar las viviendas y en ese tiempo podrían buscar una solución".
DO opina que "alguien tiene que pagar las consecuencias, de esta situación empezando por el alcalde Manuel Cabezas hasta los constructores".
