La familia de Isabel Fuentes agota las vías legales para que se depuren responsabilidades contra la juez que no vio motivos para proteger a la ourensana pese a que la Policía Judicial había apuntado como "peligro" potencial a su marido, Aniceto Rodríguez, quien finalmente la mataría en mayo de 2015, cuando se recuperaba en la cama del hospital de un ataque previo en el domicilio de Pazos (Verín), una agresión que presuntamente también fue perpetrada por él. Los allegados han dado luz verde a su abogada, Beatriz Seijo, para que acuda a la última instancia posible que pueda reabrir las pesquisas sobre el funcionamiento del sistema, y mantener la posibilidad de una sanción contra la que era instructora del caso, Cristina Fernández Viforcos. La letrada ya ha anunciado un recurso ante la Sala III del Tribunal Supremo, contra la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar el expediente de denuncia contra la juez.
Viforcos estaba al frente de Instrucción Número Uno de Verín en abril de 2015, cuando Aniceto Rodríguez atacó presuntamente a su mujer con un martillo, tratando de fingir un robo. La Policía Judicial solo tardó 5 días en desmontar su versión. Presentó un alegato a la juez en el que señalaban al marido como el "principal sospechoso" de ese primer ataque que dejó a la mujer en coma. Subrayaron los agentes el "peligro" que supondría para la mujer no restringir las visitar de Aniceto Rodríguez al hospital. Pedían, además, intervenirle el teléfono. La juez cuestionada -ejerce en otro destino desde el pasado mes de abril- , rechazó poner el foco en el esposo, al no apreciar indicios contra él y tras calificar las conclusiones de los agentes como "conjeturas" e indicios "insuficientes".
La familia planteó una queja ante el Poder Judicial, tras afirmar que la juez "ocultó" un caso de violencia de género, porque supuestamente solo informó a la Fiscalía por teléfono, sin remitir una copia física del atestado. La abogada, Beatriz Seijo, instaba la apertura de un expediente disciplinario y la aplicación de una sanción, al sostener que el crimen pudo evitarse si el sistema hubiera funcionado conforme debía. Según sus argumentos, al tratarse de un posible caso de violencia de género, la juez tendría que haber convocado una comparencia para decidir sobre el sospechoso. El Consejo desestimó tanto la primera denuncia como el recurso, avalando la actuación de la juez. Según el criterio del CGPJ, Viforcos "resolvió de forma razonada y motivada", adoptando "todas las resoluciones que procedían" y obrando "con arreglo a la ley".
El recurso al Tribunal Supremo se fundamentará en que en el expediente tramitado en el CGPJ no se admitieron las pruebas solicitadas por la familia, en concreto la que consideran más relevante: la declaración de los investigadores de la Policía Judicial que pusieron de manifiesto a la juez sus sospechas sobre un caso de violencia machista. Una vez formulado el anuncio de recurso, cuyo plazo finalizaba este 6 de noviembre, el Supremo emplazará a la familia para que redacte su demanda. La abogada tendrá derecho a que el CGPJ le facilite el expediente completo de la denuncia.
El marido, muy cerca del juicio
Aniceto Rodríguez, de 78 años, que confesó el crimen con las vaguedades y lagunas propias de un estado psiquiátrico mermado tras un ictus, se encuentra a un paso del banquillo. Será procesado por asesinato consumado y por otro delito de asesinato en grado de tentativa. Podría enfrentarse a más de 25 años preso.
