Afecta a unos treinta ámbitos públicos y privados

El TSXG tumba la ordenación provisional urbanística por carecer de exposición al público

El concejal de Urbanismo anuncia que el Concello estudiará las sentencias y presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo -Se trata de "ganar tiempo" para avanzar en la aprobación definitiva del nuevo PXOM

12.10.2016 | 08:25
El edificio judicial y el centro de salud de O Couto figuran dentro de la ordenación provisional urbanística anulada. // Iñaki Osorio

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular la ordenación provisional urbanística del Concello de Ourense, que afecta a treinta ámbitos de actuación: 15 de iniciativa pública y otros tantos de carácter privado. Las sentencias de la sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal gallego esgrime en los fundamentos jurídicos para su anulación que no hubo exposición al público. Esto supone que, a día de hoy, está en vigor el planeamiento urbanístico de 1986.

La ordenación provisional urbanística que aprobó la Xunta el 29 de septiembre de 2011, contra la que se presentaron un total de nueve recursos judiciales -en unos casos solicitando la nulidad de la norma urbanística en su totalidad y en otros solo en casos que afectaba a la iniciativa privada-, es tumbada así cuatro años después por el TSXG en varias sentencias que no son firmes y contra las que se puede presentar el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Y aunque desde el Concello se indica que no se recibió la totalidad de las sentencias, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, reconocía a FARO que "no sorprende la anulación", para confirmar que la estrategia a seguir pasa por la presentación del recurso de casación. Aunque aclara que "primero tendremos que estudiar con los técnicos municipales; tanto del área de Urbanismo como de la asesoría jurídica, el contenido de esa sentencia", que tiene como argumento central para la anulación que no hubo exposición al público.

Así, en una de estos fallos a los que tuvo acceso FARO se señala que "un aspecto esencial para la decisión del tema litigioso es el relativo a la planteada omisión de información pública en el procedimiento de elaboración de la impugnada normativa de ordenación provisional. En sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo". Y hace referencia a la anulación de las normas subsidiaras urbanísticas en el municipio lucense de Barreiros.

Y rechaza el argumento esgrimido por el Concello relativo al decreto de la Xunta publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) sobre el inicio del expediente de la ordenación urbanística provisional, en el que se incluían los treinta ámbitos de actuación.

En los que se refiere a la iniciativa de carácter pública, como es el caso del nuevo edificio judicial, que ya está funcionando; el centro de Salud de O Couto, pendiente de abrir a la espera de l urbanización del contorno para poder contar con la licencia de ocupación, o los nuevos accesos al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), obras que se encuentran en fase de ejecución.

Sobre estas actuaciones, José Cudeiro entiende que "no se paralizan" al contar con todo el procedimiento realizado, como el proyectos de la junta de compensación y la concesión de las licencias para su construcción. No sucede lo mismo con otros ámbitos de actuación, en este caso de iniciativa privada y que fueron objeto de los recursos judiciales presentados por particulares o colectivos contra la ordenación provisional.

De ahí que, dentro de esa estrategia del concello, que tiene como pauta de referencia la de presentar el recurso de casación, para la que tiene un plazo de 30 días, lo que se pretende es "ganar tiempo" para avanzar en la aprobación definitiva del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que cuenta con una aprobación inicial que se produjo a finales del pasado mandato, por parte del anterior gobierno socialista.

Según las previsiones que maneja el responsable del área de Urbanismo, una vez se presente el recurso de casación, la decisión del Tribunal Supremo en el sentido de admitirla a tramite o rechazarla, podría demorarse por un periodo de dos o tres meses. Y si lo admite a tramite, su resolución se prolongaría un año más, como mínimo.

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