Desde que en marzo de 2011 el Tribunal Supremo anulase con sentencia firme el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2003, la situación urbanística en el concello de Ourense sufrió una parálisis total, debido a que volvía a tener vigencia el anterior planeamiento urbanístico de 1986. Eso llevó consigo a que el concello plantease a la Xunta una ordenación urbanística provisional, en la que inicialmente solo se contemplaba actuaciones de carácter público.

Pero finalmente, por parte del Ejecutivo gallego se adoptó la decisión de incluir otro ámbitos relacionados con la iniciativa privada, atendiendo las peticiones realizadas por parte del sector empresarial, espacialmente de la construcción, argumentando que todos ellos ya contaban con el proceso administrativo muy avanzado, en relación a la concesión de licencias urbanísticas.

Una decisión que llevó consigo que varios particulares y colectivos presentasen hasta nueve recursos contra la ordenación urbanística provisional, con una argumento común: la falta de exposición pública, que al final fue la clave para su anulación.

Ahora lo que queda al gobierno popular es intentar conseguir el apoyo necesario con los grupos de la oposición y lograr un acuerdo para la aprobación definitiva del nuevo PXOM, que incluirá los ámbitos de actuación contemplados en la ordenación provisional, como señala Cudeiro.