El tramo urbano de la antigua carretera de Monforte, la actual avenida Rodríguez Castelao, que fue objeto de obras de humanización financiadas a través de un convenio firmado por el Concello con el Ministerio de Fomento en noviembre de 2010, que destinó casi un millón de euros, y adjudicada por el entonces gobierno socialista a la empresa OCA SA, después de algo más de cinco años sigue siendo foco de controversia, más allá de la titularidad de ese vial.
Así, después de las reiteradas quejas de vecinos y comerciantes por las sucesivas obras que se produjeron, técnicos municipales, ante el "mal estado" de algunas zonas, están elaborando un informe que podría derivar en una reclamación formal a la constructora o, en su caso, al propio Ministerio de Fomento para que se solventen los problemas, como así lo indicó a FARO el concejal de Infraestructuras, José Araújo.
Sobre esta cuestión aplicó la prudencia en relación a las actuaciones que se puedan llevara a cabo: "No tomaremos ningún tipo de decisión o medida hasta contar con los informes de los técnicos", aunque dice ser consciente del malestar que existe entre los vecinos de esa zona, así como de los propietarios de comercios, por los sucesivos incidentes con el vial en cuestión.
En cuanto a la titularidad del ese tramo urbano que comprende la Avenida Rodríguez Castelao desde su intersección con la Avenida Otero Pedrayo hasta el puente del río Lonia, Araújo reconoce que "no está clara", en alusión a que una vez finalizadas las obras y se procedió a su certificación por parte del Ministerio de Fomento, pasaría a ser de titularidad municipal. Las dudas, en este caso de tipo jurídico, surgen en relación a la interpretación del convenio que en 2010 suscribieron el Concello y el ministerio.
Tampoco está claro que por parte del Concello se recepcionase la obra, debido a que en su momento los técnicos municipales emitieron un informe negativo debido a cuestiones relacionadas con los problemas surgido con un enganche eléctrico, que vendrá derivado por las diferencias entre la constructora y una empresa subcontratada para llevar a cabo esa instalación.
Y aunque el responsable del área de Infraestructuras espera que el informe de los técnicos puedan "clarificar la situación", lo que constatan los vecinos es que "hubo muchos problemas y los sigue habiendo", además de reprochar que el proyecto que se ejecutó "no fue el adecuado".
Contratación y ejecución
Desde el inicio, el proceso que se puso en marcha fue objeto de polémica. Las obras fueron adjudicadas a OCA, que presentó "mejoras al proyecto", que fueron determinantes para ser la empresa elegida en el proceso de selección, por un importe total de 820.937 euros, con un plazo de ejecución de los trabajos de cinco meses, que no se cumplió, y se debieron solicitar por parte del Concello a Fomento la ampliación del plazo.
Eso llevó a que la entonces edil de Urbanismo, Áurea Soto, trasladase a los directivos de la empresa adjudicataria la postura del gobierno municipal, que no era otra que la de exigir la cuantía económica que perdería el Concello por parte del Ministerio de Fomento al no cumplirse en plazo establecido para su finalización, como así se recogía en el pliego de condiciones tecnico-administrativas.
Unas demoras en la ejecución de las obras que la empresa justificó en "las importantes dificultades" que se habían encontrado nada más iniciar las obras, y que provocaron la necesidad de pedir sendas prorrogas para su finalización. Lo que estudian ahora los técnicos municipales es que las deficiencias detectadas están relacionadas directamente con las obras de acondicionamiento del vial.
