El Concello de Barbadás aprobó ayer en pleno, con la abstención del PP, la ordenanza municipal de prevención de incendios forestales y reguladora de la gestión de la biomasa y distancias de las plantaciones. Insta a hacer limpiezas en núcleos urbanos y rurales en los 50 metros alrededor de las viviendas, indica las especies a plantar permitidas y prohibidas, y un listado de zonas en las que hacer barbacoas.
Es una ordenanza tipo recomendaba por la Fegamp pero en la que Barbadás incluye un listado de zonas en las que se permite hacer barbacoas, previo permiso de la policía, habiendo una en todas las parroquias, y que fueron seleccionadas tras un estudio realizado por Protección Civil.
Otra ordenanza que se aprobó con la abstención de PP y CxB es la dotación de una ayuda de un máximo de 2.000 euros a la creación de empresas y fomento del empleo, para las empresas de nueva creación en Barbadás y que creen como mínimo un puesto de trabajo. Es la primera vez que se pone en marcha y el teniente alcalde nacionalista, Xosé Manuel Fírvida, dice no se justificaría que se votara en contra del fomento del empleo en Barbadás. Otro punto, la municipalización de las aguas de Loiro, que se inició el año pasado y que eran de propiedad comunitaria, está en su última fase para ser gestionadas por el Concello y se aprobó ayer definitvamente.
También se aprobó una modificación de crédito de 15.000 euros, que se retrotraen de otras partidas en las que sobra y se destinan a otras insuficientes, para abordar obras. Ante la petición de Democracia Ourensana de un local para la protectora de animales que se creó en Barbadás, de 200 metros, el gobierno local estudia ceder la antigua escuela de Parada, para que se lleven allí los animales que se están recogiendo por ahora en Protección Civil. Fírvida señaló que no se dispone de un local de 200 metros pero se va a intentar facilitar un lugar.
En la petición del Grupo Mixto, de línea discontinua para el acceso a las empresas de la carretera de Celanova, por Bentraces, se indicó que ese vial es competencia de la Xunta, quien debe valorar si ello no representa un peligro a la seguridad vial.
