Cuando la Xunta de Galicia consumó en abril de 2012 el cierre del centro de menores de Montealegre, a pesar de las críticas del personal y de los expertos, los 17 menores que seguían internos fueron realojados en A Carballeira. Esa fue la avanzadilla de la constante desde entonces, la convivencia en un centro abierto, como es el colegio de menores conflictivos, y otros en régimen de protección ordinaria, una situación que Fiscalía, educadores y sindicatos rechazan.
El centro Montefiz, destinado al cumplimiento de medidas de internamiento terapéutico, y el reservado para ingresos en régimen cerrado, semiabierto o abierto de Monteledo, -dos instalaciones de reforma, para el cumplimiento de medidas judiciales, gestionadas por entidades privadas y emplazados en un mismo complejo de las afueras de Ourense-, albergan a los jóvenes que han cometido delitos. Pero para aquellos jóvenes con graves trastornos de conducta para los que la respuesta no es la vía penal; desafiantes e incumplidores de normas e incluso maltratadores psicológicos de sus padres; para los absentistas reiterados o para aquellos menores de 18 años con problemas graves de comportamiento, el sistema no ofrece una instalación adecuada desde hace más de 4 años.
Lo ha sufrido María, el nombre ficticio de una madre ourensana que anónimamente cuenta la historia vivida con su hijo. El chico, de 15 años, lleva dos meses en un centro privado de Barcelona porque en la provincia no existe una instalación para jóvenes con problemas graves de comportamiento, "y en Galicia no me recomendaron ninguno". "Es una experiencia muy dura; chocas contra muchos muros hasta que encuentras ayuda a muchos kilómetros de Ourense".
De lo académico a las drogas
Su hijo encaja en el perfil de joven con problemas de conducta, que no ha delinquido pero que necesita un internamiento de tipo terapéutico. "La situación se volvió incontrolable, la familia ya no puede dar una solución. Si no se interviene y se le pone freno antes de los 18, el camino hacia el delito es imparable".
Con 13 años, su hijo, "querido y muy bien tratado", empezó a fallar en el ámbito académico. "Faltaba a las actividades extraescolares y empezaron las mentiras, que al principio asociabas a la pubertad". Pero con 14 empezó a abandonar sus obligaciones y empezaron las adicciones. "Empieza con el tabaco, pero después ya te parece que hay algo más. El consumo era una manifestación más de su trastorno de conducta, que lo llevaba a tomar una decisión de riesgo. Estaba siendo autodestructivo. Perdía el respeto a las normas de casa, abandonaba por completo todas las actividades salvo lo de ir a clase, se escapó varias veces...", relata la madre.
El punto de inflexión fue una intoxicación etílica. "Acabamos en el servicio de Menores de la Xunta, pero solo ofrece A Carballeira o unos pisos tutelados, que no sirven como solución más que para sacarlos de casa y descargar la convivencia familiar. Pero lo que buscas es ayuda. Sabes que tu hijo tiene un problema, pero tú no puedes resolverlo porque no respeta tu autoridad", indica la madre.
Además tiene una queja contra el sistema, salvando a la Fiscalía. "La sensibilidad y la formación del personal son nulas. El sistema no asiste a la familia. De hecho, queda desamparada por completo e incluso parece que se le cuestiona, con investigación sobre si existe desamparo e informes desde el colegio". "Desatiendes todo para poder atenderlo: la vida en pareja, la vida familia y todos los planes. Por no hablar de que gastas en una solución lo que no gastaríamos en la universidad".
El hijo lleva más de 2 meses en el centro privado de Barcelona, tras otros 2 en lista de espera. El centro calcula que, como mínimo, será necesario que esté un año allí. Iniciado el tratamiento, ya se ven avances. "Se ha dado cuenta de que estaba destrozando su vida. Lo fundamental es ayudarlo a que vea que, cuando vuelva, debe tomar la decisión de no continuar en la misma dinámica".
"Muchas familias no pueden"
María supo que su caso no era único compartiendo la experiencia con otras familias. La madre quiere difundir su historia porque, dice, "nosotros estamos haciendo un esfuerzo económico y obviamente nos ha cambiado el proyecto de vida que teníamos, pero es que hay mucha gente que no podrá recurrir a un centro privado en Barcelona". La ourensana llama la atención de que "hay familias que ni siquiera saben de la existencia de estos centros. En Menores de la Xunta no tenían la menor idea".
María conoce otros dos casos de Ourense, con la misma situación de necesidad de un adolescente con problemas graves de comportamiento. Uno de ellos también está interno en Barcelona. El otro, en un centro similar en Madrid. María recalca que "en Ourense, por mi experiencia y por lo que cuentan las otras familias, la única instancia que entiende la situación y ayuda es la Fiscalía".
A consultas de este periódico, la Xunta replica que si bien "es cierto que el perfil de los menores necesitados de protección fue cambiando y cada vez es mayor el número de niñas y niños que, en edades cada vez más tempranas, manifiestan un carácter violento y conflictivo", la administración "da respuesta" a este perfil de adolescentes "desde todo la red de recursos de protección". La Xunta subraya que tiene 76 centros de protección y 4 para la ejecución de medidas judiciales.
Frente a la experiencia de esta madre ourensana y otras familias, la consellería de Política Social argumenta que "para dar respuesta a las necesidades actuales, la Xunta dispone de dos centros específicos que dan cobertura a toda la comunidad: Santo Anxo da Garda, en Rábade, y la mini residencia Chavea, en Vilagarcía de Arousa". El primero "atiende a jóvenes de 14 años o más, que requieren una intervención especializada por presentar problemas de conducta, actitudes violentas o falta de acatamiento de normas que desaconsejan su convivencia con niños más pequeños en otros centros residenciales". La mini residencia Chavea "atiende a menores del sistema de protección que presentan algún tipo de alteración de salud mental".
Más de 4 años en obras
La Xunta dice que reabrirá este año el centro de Montealegre que cerró en 2012, cuya reapertura se fue prorrogando y el montante de las obras fue creciendo, desde una partida inicial de 1 millón de euros a 1,8. "Las instalaciones del complejo datan del año 1980 y presentaban, a pesar de las labores de mantenimiento que de manera continuada se realizan por personal propio y externo, importantes deficiencias y carencias puestas de manifiesto por diversos profesionales nos últimos años", según explica Política Social.
Las reformas en el centro, que funcionaba como centro de acogida residencial bajo la tutela o guarda de la Xunta, han sido "de cierta magnitud, algunas de ellas en todo el complejo, que afectaban a las redes e instalaciones de suministro y saneamiento, seguridad contra incendios y acondicionamiento del edificio, incompatibles con el mantenimiento normal de la actividad, que fueron recepcionadas en agosto de 2015".
La Xunta no concreta fecha de reapertura ("se están realizando pequeñas adaptaciones para el estricto cumplimiento de la normativa vigente, con el objeto de que pueda estar operativo antes de que termine el año") ni tampoco aclara si Montealegre dará servicio a este perfil de adolescentes conflictivos: "Se están estudiando las necesidades globales del sistema de protección a la infancia, lo que implicará el destino definitivo del centro".
