Lo solicitó, sin éxito, al ir a juicio por el caso que la obligó a dimitir y del que salió absuelta. Lo reitera ahora que el foco está sobre el juez que la procesó, abocándola a dejar el cargo en enero de 2015, en cumplimiento del código ético del PSOE. La exconcejal de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, quiere que el instructor de la causa por presunta prevaricación contra el decano, Leonardo Álvarez, tome declaración como testigos a los tres magistrados que, al aprobar en un auto de 2009 el incidente de inejecución del derribo de la urbanización de la Plaza San Antonio, avalaron el procedimiento administrativo. Se trata de tres miembros de la sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) -en la actualidad , uno de ellos está en el Supremo-, en cuya sala de lo Civil y Penal -la instancia para aforados- se tramita el sumario contra Leonardo Álvarez.

Tras el interrogatorio al juez decano, el viernes de la pasada semana, el instructor dio un plazo de 15 días a las partes para que solicitaran nuevas diligencias o propusieran ya el procesamiento. Los querellantes piden más pruebas.

Al ser procesada por la Plaza San Antonio junto al abogado Carlos Hernández -el asesor externo que hizo el informe que logró frenar el derribo-, Soto pidió en su escrito de defensa la declaración como testigos de los magistrados. El auto de 2009 aceptaba la legalización del complejo urbanístico, porque había un PXOM en vigor, el de 2003, que además admitía la titularidad privada del parking en el subsuelo público. Sin embargo, la juez rechazó la prueba al verla "impertinente", porque según su razonamiento, los jueces que dictaron aquel auto "no influyen directa o indirectamente en los hechos" por los que fue juzgada Áurea Soto. La exedil siempre subrayó que esa resolución presuntamente obviada por el magistrado era clave para exculparla.

La acusación también aportará más documentos con los que trata de desmontar los argumentos del juez decano en su interrogatorio, en el que solo respondió a su defensa y al instructor, rechazando al abogado de Soto. No formuló preguntas el fiscal del TSXG, que pide el archivo como ya solicitó la inadmisión de la querella. Álvarez adujo que el auto de los magistrados no vinculaba necesariamente su apreciación de posibles delitos.

Soto y Hernández registraron la querella contra el decano en marzo, antes incluso de salir absueltos en firme por la Plaza San Antonio. Acusan al juez de obviar la resolución clave del TSXG e incluso de llegar a falsificar un auto para poder procesar a la exedil, con el supuesto objetivo de hundir su imagen y lograr que dimitiera. "Estoy aquí porque era imprescindible para echarme del gobierno", denunció Soto en su alegato final del juicio.