Una exconcejala, una antigua técnico del área de Medio Ambiente y tres trabajadores se sentaron ayer en el banquillo acusados por dos asociaciones animalistas -Matar por Matar Non y Amigos da Terra-, que les atribuyen malos tratos por la gestión que el Concello de O Carballiño hizo de la perrera municipal durante apenas 2 meses. Desde que, en cumplimiento de una moción plenaria, asumió las instalaciones, dando el relevo a un grupo ecologista local, hasta que una inspección del Seprona descubrió una gran fosa llena de cadáveres. Los cinco acusados negaron malos tratos ni que hubiera instrucción alguna de acabar con la vida de los canes. Tampoco les llamó la atención ni tuvieron constancia, aseguraron, de la "desproporcionada mortandad" detectada por la Guardia Civil. Con distintos relatos, coincidieron en que la explicación a los fallecimientos que se iban produciendo solo podían ser las peleas entre animales por la noche.
La instalación, gestionada en la actualidad por la Diputación de Ourense, carecía en el momento de los hechos, a principios de 2009, de luz y de agua. Los bomberos subían, de vez en cuando, para llenar un depósito. La cámara frigorífica -el lugar idóneo para conservar los cadáveres- estaba inservible. Tres años antes, el Concello había recibido 250.000 euros de subvención de la Xunta, pero la financiación no cubrió esas dotaciones. El Seprona observó hacinamiento en algunas jaulas mientras que otras estaban vacías. Los agentes contabilizaron 142 animales cuando, a finales del año anterior, aún en la época en que la asociación ecologista "Outeiro" llevaba la gestión, la cifra era de unos 220. Las defensas subrayan que no hay pruebas documentales de ese primer dato ni evidencias para demostrar que la diferencia, de unos 70 canes, equivalga al número de muertes registradas en el plazo de 2 meses de gestión por parte del ayuntamiento.
La Fiscalía no observa delito
En la fosa, afirmó ayer el instructor de las diligencias, había cachorros, ejemplares en estado de putrefacción y muchos con las heridas de sangre aún visibles, lo que según su criterio evidenciaba que los fallecimientos eran recientes. Además de la causa penal, que llega a juicio 7 años después de los hechos -la Fiscalía no acusa, hubo sucesivos archivos y los acusados no prestaron declaración como investigados hasta 2012-, el Seprona tramitó multas por cuatro infracciones, como la falta de inscripción de la perrera en el registro de establecimientos con animales domésticos, o la ausencia de sala para tratamiento veterinario.
"Al principio, a los heridos los metíamos en una jaula y les echábamos agua oxigenada. Más adelante sí se llevaban al veterinario", dijo Carlos Vázquez, uno de los trabajadores acusados, al ser preguntado por el procedimiento cuando llegaban y un perro estaba herido. "Algunas veces", admitió, echaron los cadáveres a la fosa. Este tipo de enterramiento ya existía cuando el grupo ecologista desempeñaba la gestión.
Todos los acusados afirmaron que no había medios ni presupuesto para aplicar medidas inmediatas. "Buscábamos que tuvieran comida, tenerlos limpios y tratar de mejorar poco a poco las instalaciones, pero contando con la falta de presupuesto", hiló en su interrogatorio María José Pérez, que era concejal de Medio Ambiente por el PSOE cuando se descubrió la situación. Según ella, no tuvieron constancia de que hubiera 70 muertes y no conocían las cifras de partida Continuaron los enterramientos por falta de recursos, dijo. "Llevarlos a incinerar era muy caro y no había luz para tenerlos en la cámara frigorífica. Fue una medida transitoria", afirmó la exedil.
"No había otro sitio mientras no hubiera corriente", enlazó José Manuel Carou, que ejercía de encargado. "Sabíamos que con las fosas estábamos incumpliendo una directiva. Nuestro objetivo era mejorar lo existente, pero no siempre se dispone de dinero cuando se quiere", añadió Mónica Feijóo, que era técnico en la concejalía. Asimismo, según la versión de los encausados, fue el ayuntamiento el que inició un censo para numerar e identificar a los huéspedes de la perrera. Cuando Seprona hizo la inspección el listado aún no estaba finalizado, al igual que otros trámites pendientes que acarrearon expedientes. "En dos meses no nos dio tiempo material", zanjó.
El jefe de personal, también en el banquillo, José Ángel Hermida, dijo que una de las primeras medidas del Concello fue clasificar a los animales por sexo y tamaño. ¿Por qué murieron 70 perros pese a todo?, interrogó una de las acusaciones. "No sé", contestó el trabajador. También confirmó que las fosas fueron abiertas con anterioridad, antes del cambio de titulares. "Nadie tenía formación, se cogió la perrera de un día para otro y nos echaron el marrón", describió este trabajador. El Concello acabó instalando recipientes para beber, una plataforma de madera para que durmieran y agua de la traída. Además, según dos de los acusados, se habían iniciado contactos con empresas para que asumieran la recogida e incineración de los canes. No había dinero. "Solo tuvimos 100 euros para medicamentos".
Las defensas piden la absolución. Insistieron en que ningún documento acredita el número de bajas, ni que fueran anormales, y recuerdan que no hubo autopsia. Los animalistas retiraron acusación por delito medioambiental. Piden 1 año a cada uno por maltrato.
