Áurea Soto declaró ayer ante el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, asistida por Carlos Hernández, el abogado que fue juzgado y absuelto a su lado por el caso de la Plaza de San Antonio. Él dirigió el incidente de inejecución que evitó al Concello el pago de una indemnización millonaria por la amenaza de derribo del complejo urbanístico, edificado en los años noventa, cuando gobernaba el PP, y legalizado en 2007, poco después de la llegada de Soto al área de Urbanismo. El letrado hizo el informe a favor, haciendo notar que el PXOM 2003 -aún vigente cuando se coincidieron las licencias- permitía la titularidad privada en el subsuelo de la plaza, donde hay un aparcamiento. La derivada penal de ese caso, registrada por Democracia Ourensana y continuada por un promotor, apartó a Áurea Soto de la política en enero de 2015. Sólo unos días después de ser absuelta en firme ayer acudió a declarar en la Fiscalía Provincial, investigada por un presunto delito de calumnias e injurias al magistrado instructor, Leonardo Álvarez. La exedil se reafirmó en las acusaciones que hizo contra él en el derecho a última palabra del juicio. La fundamental, que llegó a falsificar un auto -"elimina el párrafo verdadero, entrecomillando otro que no existe", dijo-, para poder procesarla.

"Es un derecho constitucional y dije algo que es fácilmente comprobable", manifestaba ayer la exedil. El fiscal jefe le proyectó el vídeo de la vista, celebrada en el Penal 2 de Ourense en noviembre de 2015, en cuyo alegato final la exconcejala cargó contra el sistema, para poner de manifiesto el "acoso" que asegura sufrió el anterior gobierno.

La exedil le citó la RAE

Fueron varias alusiones pero la que centra las diligencias de la Fiscalía es la acusación que Áurea Soto hizo al juez que la procesó, el titular de Instrucción 1 y decano, Leonardo Álvarez, el mismo contra el que se ha querellado por presunta prevaricación judicial (el TSXG analiza desde hace 3 meses si admite o no a trámite la denuncia).Int

errogada por el jefe provincial del ministerio público, Florentino Delgado, la exedil se ratificó íntegramente en que, a su parecer, el juez falsificó el auto de apertura de juicio. Para argumentarlo, incluso citó al fiscal jefe la definición que hacen del término los diccionarios de la RAE y María Moliner. En

el alegato final del juicio de San Antonio por el que ahora es investigada por calumnias, la exedil expuso: "Ha sido necesario que la instrucción y el fiscal oculten los autos del TSXG, los informes y todo lo que contradice con rotundidad su pretensión. Llegando el instructor a falsificar el auto de 15 de enero de 2009, en el que elimina el párrafo verdadero y lo falsifica entrecomillando otro que no existe. Y lo hace porque el párrafo verdadero, al rechazar la Sala y no apreciar causa alguna de nulidad, infracción patente, procedimental o de fondo de la normativa aplicable, le impide que se plantee ninguna discusión en la jurisdicción penal sobre la concesión de las licencias". Com

o ayer mantuvo Áurea Soto, el juez también habría cambiado la fecha de una sentencia aludida para que fuera anterior a la concesión de las licencias; omitió el auto sobre el PXOM 2003 que admitía el uso de la titularidad privada y la señaló como responsable de proponer una indemnización a la propietaria que litigaba contra la legalización, pese a que varios testigos atribuyeron esa función a la viceasesora jurídica.En

una declaración de más de hora y media, el fiscal jefe llegó a preguntar a Áurea Soto si veía tras sus imputaciones una trama. La exedil lo aseguró, aludiendo a DO y al promotor por sus denuncias sistemáticas. ¿Y el juez forma parte?, preguntó el fiscal. No lo afirmó porque no dispone de pruebas ni es su trabajo, respondió. Tras el interrogatorio de ayer, el punto central de las diligencias, el resultado será querella o archivo.