Los acontecimiento llevaron en su momento a los grupos de la oposición a llegar a plantear que el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno asumieran el pago de los intereses de demora, y lo sustentaban en el informe de intervención que señalaba formalizar una modificación de crédito, y criticar la decisión del gobierno socialista de incluir en el presupuesto de 2014, en inversiones, el pago de la indemnización. Advertía el interventor que "el proceso elegido - incluir en el presupuesto- no resultaba el más adecuado desde un principio básico de eficiencia en la gestión de fondos públicos, y estimar que constituiría un mecanismo más ágil y eficaz, la modificación presupuestaria específica".
Fuentes judiciales consultadas por FARO entiende si se puede proceder a una reclamación patrimonial contra la anterior Junta de Gobierno Local, además de otras consideraciones que se puedan derivar de esa actuación.
