El juez decano de Ourense y titular de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, no ve motivo legal para apartarse de los asuntos relacionados con la exconcejala de Urbanismo, Áurea Soto (2007-2015), que lo acusa de prevaricar en la fase de instrucción para llevarla a juicio por el caso de la Plaza San Antonio, del que salió absuelta en primera instancia aunque, con la apertura de juicio oral, en enero de 2015, se vio obligada a dimitir en cumplimiento del código ético del PSOE. El magistrado declina apartarse de los tres procedimientos en trámite en los que la socialista figura, bien como denunciada -por el derribo de un muro en el matadero y por las presuntas contrataciones irregulares mediante asistencias técnicas-, o bien como denunciante.
Este último rol lo ejerce desde 2014 en las diligencias previas por un supuesto trato de favor a promotores, durante el tiempo en el que el Concello de Ourense, gobernado por el PP entre finales de los años 90 y 2000, no reclamó para uso público a los constructores el 10 % de sus aprovechamientos privados. La socialista ve indicios de una presunta malversación de 1,6 millones de euros, el importe que el ayuntamiento habría dejado de ingresar por consentir el 100% de derechos de suelo a los promotores.
El pasado miércoles, estaba prevista la declaración del exalcalde Manuel Cabezas (1995-2007) y de uno de sus exediles de Urbanismo, Julio Díaz Salcedo, como resultado de las múltiples solicitudes de Áurea Soto a lo largo del proceso. Ninguno llegó a declarar porque el magistrado decidió suspender "por prudencia", tras enterarse esa misma mañana de la querella presentada en su contra, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), por parte de la exedil Áurea Soto y del abogado coruñés Carlos Hernández, quien compartió banquillo en el caso de la Plaza San Antonio y también salió absuelto.
Tras entender que no hay motivos de "excusa" -una abstención que debería resolver la Audiencia Provincial-, el juez decano ha fijado nueva fecha para interrogar al exregidor y su exedil. Salvo nuevos imprevistos, ambos comparecerán como investigados este viernes.
Cabezas llevó documentación y una versión de los hechos al juzgado, el pasado día 9. Ante los periodistas que aguardaban su primera declaración como investigado, 9 años después de dejar el cargo, el exregidor del PP dio la explicaciones que dentro no pudo, por la decisión del juez de suspender. Su versión se apoya en documentos como el acta del pleno de 1994 que aprobó, después de un informe del secretario, no exigir a los promotores el 10% de aprovechamientos por la falta de un plan general adaptado, en ese momento (antes del PXOM 2003). "Asumimos ese acuerdo porque así se nos recomendó jurídicamente (...) El jefe de urbanismo también dijo al Consello de Contas que no hubo perjuicio", alegó el exregidor.
El juez optó por llamar en calidad de investigado al alcalde que más tiempo estuvo en el cargo en Ourense tras varios intentos fallidos de toma de declaración al testigo clave, el exsecretario Mariano Rodríguez. El técnico, ya jubilado y con problemas de salud -hubo que suspender tres intentos de interrogatorio-, elaboró el informe que daría lugar al unánime del pleno de 1994 -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo- a favor de que la institución no exigiera el 10% del suelo en desarrollo privado.
Mientras, el trámite de la querella por presunta prevaricación contra el juez decano sigue en el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). La denuncia llegó la pasada semana a la Sala de lo Civil y Penal, que observará el fondo del asunto para decidir si abre una investigación al aforado. El fiscal del TSXG dará su opinión sobre si la denuncia procede. Áurea Soto culpa al juez Leonardo Álvarez de una actuación parcial y sesgada, y de querer perjudicarla hasta el punto de manipular un auto para poder llevarla a juicio. El magistrado no descarta denunciar por calumnias y el fiscal jefe estudia abrir diligencias por el mismo delito contra la exedil si el TSXG rechaza la querella.
