Nuevo retraso en la investigación del mayor ataque ecológico al río Barbaña

El juez vuelve a requerir a un biólogo que valore económicamente el daño del vertido que mató a 17.000 peces en 2009 - La causa lleva en fase previa a juicio desde 2009

13.12.2015 | 03:34
El Barbaña a su paso por Ourense, antes de su desembocadura en el río Miño. // Jesús Regal

Más de seis años lleva en fase previa al juicio la investigación del mayor atentado ecológico al río Barbaña, un recurso castigado por la contaminación desde hace décadas y en el que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no prevé completar el saneamiento hasta dentro de un lustro, una vez ejecutada una inversión global de 17 millones de euros, la mayoría con cargo a un plan europeo. En junio de 2009, un vertido industrial mató a 17.000 veces y causó un impacto en el ecosistema aún pendiente de valorar. A instancias de la Fiscalía, el juez ordenó a un biólogo que concretase el perjuicio en dinero. No hubo respuesta a esa resolución de octubre. El magistrado ha dictado una nueva providencia esta misma semana, fijando un mes de plazo para que el perito valore económicamente el alcance de la agresión ambiental, uno de los mayores ataques contra el medio ambiente registrado en la provincia de Ourense.

El encargado del dictamen ya consta en el procedimiento porque redactó un informe anterior. Es un biólogo licenciado en la Universidad de Santiago de Compostela, en la especialidad de Zoología; ejerce como consultor ambiental y es experto en Ornitología. Por segunda ocasión, el juez de Instrucción Número 1, Leonardo Álvarez, lo requiere para que "elabore el informe de valoración económica de los daños ocasionados por el vertido efectuado el 24-06-2009 en el río Barbaña, debiendo constar los siguientes extremos: a) consideraciones previas al estado anterior a la agresión ambiental y b) incidencia de la agresión ambiental sobre los ecosistemas, diferenciando los hábitats, especies de interés, aguas superficiales y subterráneas, así como los usos de dichas aguas y sus aportes".

Retrasos y trabas caracterizan la investigación de este delito ambiental. La labor de la fiscal delegada, Carmen Eiró, ha sido clave para que el caso no quedara en el cajón. También la labor de la plataforma "Ríos Limpios" y su germen vecinal, promotora de la querella. . El Barbaña discurre durante 22 kilómetros hasta desembocar en el Miño, junto al Pabellón de Os Remedios. Los tres principales polígonos industriales que orilla -San Cibrao, Pereiro y Barreiros- son su principal amenaza. En junio de 2009, un vertido de alta concentración de ácido y metales pesados acabó con la fauna fluvial. Murieron 17.000 peces. La contaminación hizo que los niveles de cobre en el río fueran 120 veces superiores a los permitidos y los de cinc, 200 veces mayores. La CHMS cifró ó en 220.000 euros los daños causados.

Ese primer informe y el más pormenorizado que aporte el biólogo servirán para que las acusaciones tengan base para pedir indemnizaciones en caso de juicio. Lo que no llegó a determinar el Seprona ni la Confederación es qué empresa provocó el derrame. La causa sí reveló las carencias de la depuradora de San Cibrao y la red de saneamiento, donde se intensificarán las inversiones. En 2009, la planta carecía de un conductivímetro, que habría frenado el vertido, pese a que estaba obligada a tenerlo tal y como establecía el permiso del organismo de cuenca. La contaminación se habría evitado con ese sistema y activando el "tanque-pulmón" (para eliminar el tóxico con sosa en un proceso físico-químico).

A diferencia del juez instructor, que llegó a archivar el caso al entender que el ámbito para reclamar responsabilidades es el civil, la Audiencia Provincial ordenó investigar pese a desconocerse la autoría directa. La sala considera que la EDAR debió poner en marcha sistemas para detectar y frenar los contaminantes. Espina y Delfín, la empresa que la gestiona, sería responsable por omisión. El concello de San Cibrao, el responsable civil subsidiario.

Cuatro personas investigadas

La Fiscalía de Ourense mantiene que existen indicios de un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la modalidad de imprudencia grave, tipificado con entre 1 y 2 años de cárcel y multa de 4 a 8 meses. En el proceso penal han declarado como investigados cuatro personas de la mercantil. Pasaron por el juzgado la administradora solidaria, el jefe de servicio, el encargado de mantenimiento de la planta así como el responsable de control de funcionamiento de la instalación de aguas residuales.

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