Gobierno provincial y oposición están en guerra en la Diputación de Ourense. El mandato que nacía en julio como el de la apuesta por la política y el diálogo entre ambos frentes solo ha durado cuatro meses. La denuncia de una mujer en Fiscalía que acusa al presidente José Manuel Baltar de ofrecerle trabajo a cambio de sexo en 2010 ha instalado la bronca en la institución. El último episodio tuvo lugar ayer con motivo de la celebración del pleno ordinario de noviembre en un edificio custodiado por dos dotaciones de la Policía Nacional.
La chispa se encendió media hora antes del inicio de la sesión a causa del riguroso control de accesos en el arco de seguridad que más tarde propiciaría el segundo plante de la oposición a Baltar en un mes. El presidente se negó a dar explicaciones en el pleno sobre lo que estaba ocurriendo en la entrada donde varios cargos públicos del PSOE y Nós-Candidatura Galega veían imposibilitada la entrada. El argumento del lleno en el aforo, (de afines al PP, según la oposición), no convenció a los grupos que recordaron que, en el pleno de investidura, el salón estaba abarrotado y se permitió que algunas personas se quedasen de pie. Algunas de las personas que intentaron sin éxito acceder presentaron posteriormente una denuncia contra el bloqueo en el acceso a un edificio público.
Arriba, en el salón de plenos, la tensión fue creciendo y los tres grupos abandonaron el salón de plenos de forma gradual calificando de intolerable, surrealista e incluso triste la situación. A la salida de los socialistas se produjo un enfrentamiento verbal entre el portavoz, Ignacio Gómez, y dos personas del público que acabaron siendo desalojadas después de que uno de ellos levantase el puño hacia un trabajador del grupo provincial. Poco después, el PSOE anunció que presentará denuncia contra el presidente por impedir el acceso a personas que querían asistir al pleno y por intento de agresión e insultos. Antes de abandonar el salón, tanto Gómez como el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, increparon al presidente y le exigieron que ordenase la identificación de estas personas.
"No me diga usted lo que tengo que hacer", señaló Baltar mientras daba instrucciones al secretario xeral y al portavoz del grupo de gobierno para continuar con la celebración del pleno.
Al término de la sesión, Baltar compareció para negar que se hubiese bloqueado el acceso y explicar que la asistencia al pleno hay que solicitarla previamente a través de la web de la Diputación y eso es lo que hicieron los que estaban sentados entre el público. También desveló que su grupo estaba al tanto de que podrían producirse incidencias y denunció la existencia de un mensaje "movilizador" que circuló por Whatsapp en el que "la responsable de Organización de uno de los grupos con representación política en esta corporación", en referencia a la socialista María Quintas, pedía acudir al pleno para exigir la dimisión de Baltar. Avisaba de que se estaban preparando carteles y animaba a los destinatarios del grupo a "atacar en todos los frentes", concellos, Esgos, Diputación y Parlamento.
Defendió que su responsabilidad como presidente es la de "permitir el normal desarrollo de las sesiones" y, en este caso, "todos sabíamos que en este pleno algunos iban a aprovechar para decir algunas cuestiones" en relación al polémico caso de la denuncia en Fiscalía. "Vimos que la actitud era hacer de este pleno una representación más como las que nos tienen acostumbrados en estos tiempos y evidentemente no se podía consentir", explicó. El grupo provincial del PP les acusó de querer "reventar" el pleno.
Al término de la sesión, tanto el PSOE como el BNG solicitaron por escrito la lista de asistentes y el por qué de la presencia policial. El grupo provincial del PP les acusó de querer "reventar" el pleno. Durante toda la jornada se sucedieron las reacciones políticas.
