La controversia suscitada entorno a la petición realizada por la asociación de vecinos de Reza, reclamando que se mantengan las edificaciones existentes que se encuentran en las instalaciones de la actual depuradora, con orden de derribo, para el uso y disfrute de los vecinos de la zona, se tornó en acuerdo de todos los grupos políticos de la Corporación Municipal, aunque con la acotación de que se debe cumplir la legalidad, en alusión a lo que establece la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) al respecto.
Todos los grupos políticos tiene claro que se trata de una "reivindicación justa", ya que como aseguran los vecinos en su alegato, "consideramos que es de justicia por todos los perjuicios sufridos por causa de la propia depuradora". Se trata de unos equipamientos que se encuentran dentro de las instalaciones de la depuradora, justo al lado de donde se construye la nueva infraestructura.
El grupo socialista, que llevó la iniciativa al plenario del viernes para rubricar el apoyo de la corporación, reprochó la postura del gobierno popular y, en concreto, la del alcalde, Jesús Vázquez, por "decirle no a los vecinos", todo lo contrario a lo que en su momento el anterior ejecutivo.
Una aseveración de la edil socialista Concepción García que molestó especialmente al regidor, por entender que no es cierta, y pasara a explicar que "nunca dije un no rotundo a los vecinos", y lo que le trasladó es la necesidad de estudiar el tema para dar una respuesta "dentro de la legalidad", y lanzar un dardo acusatorio a los socialista, en el sentido de que "ilegalidades ya hubo muchas", y proclamar que el actual gobierno no quiere ir en esa línea.
Con anterioridad, el edil de Medio Ambiente y portavoz del gobierno, José Araújo, había calificado la postura de Vázquez como la de "un alcalde prudente", en el sentido de "no prometer algo que luego no pueda cumplir", como así se lo trasladó a los representantes de la asociación de vecinos.
De ahí que apoyó la enmienda presentada por Ourense en Común, en la que se concreta la necesidad de "agotar todas las vías judiciales para que las demandas de la asociación vecinal sean atendidas", y de esa forma se puedan mantener esas instalaciones para uso público de los vecinos.
Buscar soluciones
En esa misma línea se posición el edil de Democracia Ourensana, Pablo Prol, que después de manifestar su apoyo a la demanda, hizo referencia a la sentencia de derribo que pesa sobre la actual depuradora de aguas residuales de Reza, y la necesidad de comprobar judicialmente si afecta a todas las instalaciones. De ser así, entiende que se deben buscar otras soluciones, con el objetivo de que puedan permanecer y ser utilizadas por todos los vecinos de Reza.
El mensaje del edil fue claro: "es justo luchar por los derechos de los vecinos, pero que se cumpla la legalidad", ya que las "ilegalidades que tuvimos en los últimos años fueron muchas, muchas....".
Para el concejal de OUC, Miguel Doval, que no desaprovechó la ocasión para recordar la demolición de la casa de unos vecinos, al señalar que Reza se convirtió en tierra de demoliciones", lo no se puede poner en duda e que los habitantes de esa zona de la periferia "merecen una compensación por todo lo que sufrieron con la depuradora".
Un acuerdo unánime que cerró la controversia y devolvió la calma, sobre todo a los vecinos, algunos de los cuales acudieron al salón de plenos para estar presentes en el debate.
