Su esposo y antecesor en el cargo está inhabilitado por prevaricar y ella se expone a penas que implicarían su ingreso en la cárcel. La alcaldesa del PP en Melón (1.340 habitantes), María Cristina Francisco Vilchez, se sentó ayer en el banquillo, acusada de cooperar en el quebrantamiento de condena de un vecino de quien certificó que había saldado trabajos sociales pese a que presuntamente los eludió. Destaparon el caso detectives contratados por un edil de la oposición que ayer dijo al tribunal que en Melón "era vox populi" la vista gorda del concello con estos casos. Ante ese "interés legítimo" los investigadores aceptaron el caso y vigilaron al vecino, David P. R., acusado de vulnerar la pena impuesta por un delito vial.
Comprobaron que en seis de las 11 jornadas estipuladas salía de su casa cuando debía estar trabajando, iba a la carnicería o acudía al bar. La regidora declaró a la Audiencia Provincial que desconocía la obligación de comprobar si realizaba las tareas en beneficio de la comunidad. El Concello se encargaba de llevar un registro de firma y ella rubricaba el estadillo que le pasaba una auxiliar administrativa, Mercedes L. D., también en el banquillo. "Si a mí no me transmiten lo contrario yo creo en la palabra del vecino y doy por bueno que ha hecho los trabajos", alegó la política.
En su defensa sostiene que "cuando el caso saltó a la prensa, tomé medidas". Se puso en contacto con varios condenados del municipio para que hicieran una declaración firmada. Su letrado aportó ayer como prueba las actas de estas comparecencias. El fiscal considera a la regidora responsable de un delito de falsedad por comunicar por escrito al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que el vecino había finalizado las jornadas de trabajo obligatorias.
El condenado: "Nunca falté"
Con la aceptación del hombre, se estableció que las tareas sociales transcurrirían entre el 18 de junio de 2011 y el 27 de agosto de ese año. El horario estipulado era los sábados de 9 a 14 horas. Los investigadores privados verificaron sus actividades y comprobaron que no cumplió el horario, al menos la mitad de los días. Uno de ellos estaba apostado ante su domicilio y otro esperaba en el Concello, por si acudía a recoger material o a atender algún encargo. Cuando se le localizaba, ambos profesionales se unían a la vigilancia. Siempre observaron en la calle, salvo en una ocasión que entraron en el bar.
Ante las sospechas de que podría estar cometiendo un delito de quebrantamiento de condena, los detectives pasaron informe a la Guardia Civil, tal y como les obliga la ley. El acusado -que se enfrenta a le pena menor, una multa de 3.240 euros pide la Fiscalía- alega que decidía cuándo realizar las tareas. "Nunca falté. Si no iba por la mañana, iba por la tarde seguro", y si no era el sábado era el domingo. "Nadie me comunicó que tenía que ser de 9 a 14".
En el Concello debía recoger su firma la tercera acusada, para quien la Fiscalía pide la misma pena de cárcel que para la alcaldesa, 4 años y medio de cárcel y multas económicas en cantidad inferior. Mercedes L. D. hacía constar la fecha de la jornada en que se hacían los trabajos a pesar de que, como reconoció, el penado solía acudir los lunes. "No dimos importancia a que viniera los lunes, el Concello cerraba a las 14 horas y él a esa hora es cuando termina el horario también", declaró en el juicio la administrativa.
Cristina Francisco admite que ese día de la semana "no había personal" para comprobar si se ejecutaban las tareas obligatorias. La auxiliar acusada y una funcionaria trabajan solas, turnándose por semanas. La regidora argumenta que de haber existido alguna incidencia o incumplimiento se las habría comunicado su teniente de alcalde, vecino del acusado. Por eso no puso en duda, según su versión, que había acatado las tareas impuestas.
La empleada municipal coincidió con la versión de la política. "Pensábamos que sí hacía los trabajos, y de hecho los operarios que pasaban por las zonas que debía desbrozar las veían limpias". Además, cree que la labor de vigilancia de montes encomendada por el exalcalde al conductor condenado "fue eficaz porque no hubo incendios en esa zona".
Piden de 4 a 6 años de prisión
La empleada del consistorio se enfrenta a una pena muy similar a la de la regidora: multa de 6.480 euros -la Fiscalía pide 12.960 para la popular- por dar cobertura presuntamente al quebrantamiento (se les imputa la figura de cooperadoras necesarias); más 4 años y medio de cárcel, inhabilitación durante 4 años y una sanción de 5.400 euros -10.800 para la alcaldesa-, como supuestas coautoras de un delito de falsedad en documento oficial. La acusación particular eleva la solicitud a 6 años. El supuesto beneficiado del engaño se enfrenta a la pena inferior: una multa de 3.240 euros como autor de un presunto delito de quebrantamiento de condena.
