La sección segunda de la sala de lo contencioso del TSXG ha remitido un auto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la posible inconstitucionalidad de la ordenación urbanística provisional de Ourense, al haber sido aprobadas por decreto, sin pasar el trámite previo de exposición al público, en cumplimiento de lo recogido por la Ley de Ordenación Urbanística y de Protección del Medio Rural. El TSXG ha decidido someter esta cuestión a criterio del Tribunal Constitucional antes de resolver los 9 recursos presentados por otros tantos colectivos profesionales y particulares que piden la nulidad de esta ordenación provisional. Con este nuevo giro al proceso, el TSXG le brinda indirectamente un balón de oxígeno al Concello de Ourense, que gana así un mínimo de tres o cinco meses más de tiempo, hasta que el Constitucional se pronuncie, para poder aprobar de forma definitiva un nuevo PXOM que acabe con la inseguridad jurídica que vive el municipio de la capital, sostenido por esta endeble normativa provisional, lo que mantiene paralizados proyectos tanto de particulares como grandes infraestructuras, ante el temor de los inversores por una nueva anulación que eche abajo sus proyectos, una vez iniciados.
