Alcaldesa a juicio con amenaza de prisión

La regidora de Melón, Cristina Francisco (PP), se sienta en el banquillo de la Audiencia el jueves por una presunta falsificación por la que la Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel

03.11.2015 | 02:24
La alcaldesa de Melón, Cristina Francisco, durante la fase de instrucción de este caso. // Brais Lorenzo

La insistencia de un edil de la oposición y las pesquisas de unos detectives llevan el jueves al banquillo de los acusados a la alcaldesa del PP en Melón (1.340 habitantes), María Cristina Francisco. La Audiencia Provincial de Ourense la juzga por una presunta falsificación por la que la Fiscalía pide una pena que conllevaría su ingreso en la cárcel. Aunque todavía diste un juicio, el criterio de los magistrados y la posibilidad de apelar al Tribunal Supremo. Es decir, aunque todavía diste tiempo y todo por dilucidar. Cuatro años y medio de prisión pide para la regidora el ministerio público -seis la acusación particular- porque amparó presuntamente el incumplimiento de trabajos sociales de un penado del municipio que estaba obligado a realizar 11 jornadas de desbroces para saldar un delito contra la seguridad del tráfico. Frente a esos cargos, la defensa subraya que Francisco no tenía conocimiento de irregularidad o ausencia algunas, sino que se limitó a firmar un registro que le pasaba una funcionaria.

La empleada del consistorio y el autor del presunto quebrantamiento se sentarán a su lado en el banquillo. La trabajadora pública se enfrenta a una pena muy similar a la de la regidora: multa de 6.480 euros -la Fiscalía pide 12.960 para la popular- por dar cobertura presuntamente al quebrantamiento de condena (se les imputa la figura de cooperadoras necesarias); más 4 años y medio de cárcel, inhabilitación durante 4 años y una sanción de 5.400 euros -10.800 para la alcaldesa-, como supuestas coautoras de un delito de falsedad en documento oficial. El supuesto beneficiado de este engaño se enfrenta a la pena inferior: una multa de 3.240 euros como autor de un quebrantamiento de condena.

Una sentencia firme de febrero de 2011 consideró responsable de un delito contra la seguridad vial al ahora acusado, D. P. R. Fue sentenciado a 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad. El Concello de Melón contestó al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que el vecino se encargaría de cumplir su obligación haciendo desbroces, los sábados en horario de 9 a 14 horas.

Con la aceptación del hombre, se estipuló que las jornadas de trabajos comunitarios transcurrirían entre el 18 de junio de 2011 y el 27 de agosto. Apoyada en la investigación de los detectives y en la querella que registró un edil independiente, la Fiscalía sostiene que el individuo no acudió ninguno de esos 11 días al ayuntamiento, sino que presuntamente se limitó a firmar un "registro de presentación", a modo de estadillo de control presencial. Le era facilitado por la también acusada M. L. D., auxiliar administrativa en el consistorio.

Según la versión del ministerio público, en dicho documento la funcionaria escribía "de su puño y letra" las fechas de los supuestos controles nunca ejecutados, para pasarlo a continuación a la firma de la alcaldesa. El hombre, además, iba presuntamente a firmar los lunes.

La Fiscalía defenderá en el juicio que las dos mujeres actuaron a sabiendas de que el individuo no había cumplido ningún día de labores comunitarias, y a sabiendas de la falsedad del documento oficial. Acreditaron las ausencias dos detectives. Según su informe, el trabajador estuvo durante la mitad de los días estipulados en su domicilio, o "acudiendo a distintos lugares de la localidad de Quins", donde reside.

El 30 de agosto de 2011, casi recién llegada al cargo -sustituyó en la lista a su marido, Alberto Pardellas, inhabilitado por prevaricación-, la regidora comunicó por escrito al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que el conductor condenado había finalizado las jornadas obligatorias el 27 de ese mes. Después de esa comunicación del ayuntamiento, el juzgado de lo Penal Número Uno de Ourense dictó un auto que daba por cumplida la responsabilidad penal de D. P. R.

Los tres acusados defienden su inocencia. Sus abogados cuestionan la legalidad de la investigación a cargo de detectives privados. El letrado de la alcaldesa niega conocimiento delictiva o cooperación para quebrantar la condena. Subraya en su escrito de conclusiones que Cristina Francisco no tuvo constancia de "ninguna incidencia durante la realización de los trabajos" ni "noticia o sospecha sobre irregularidades en el cumplimiento de la pena".

Comparte alegatos la letrada de la funcionaria. La auxiliar recogió la firma del penado durante sus comparecencias en el consistorio, cumpliendo así unas funciones "que se limitan exclusivamente a presentar el estadillo de control para su firma". Según esta parte, él "siempre le manifestó que los había llevado a cabo", sin especificar que lo hiciera en jornadas u horarios distintos.

El presunto beneficiado también niega los hechos. Según su defensa, procedió de manera "rigurosa" y "estricta" para cumplir el plan de trabajos sociales (limpieza, desbroces y vigilancia de los montes para prevenir incendios). Cumplió, dice, los fines de semana, tanto sábados por la mañana y tarde, como domingos por la mañana.

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