Cada uno de los cinco hombres y mujeres que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Ourense, por traficar presuntamente en un pub y en prostíbulos de la zona de Verín, se exponen a una posible condena de 8 años de cárcel, cada uno. Cuatro saben lo que es la vida entre rejas, porque fueron enviados a prisión preventiva tras los arrestos, en mayo de 2010. La cocaína, la sustancia que movían a pequeña escala según los investigadores, está catalogada como estupefaciente que causa un grave daño a la salud; por lo que la justicia es más severa con su venta. La Sección Penal del tribunal ourensano ha reservado tres días la sala de vistas. El juicio comienza el martes de la próxima semana.
A J. M. G. M., un varón de 49 años, el delito le puede salir aún más caro que a sus presuntos cómplices. Es el propietario de un pub ubicado en el centro de Verín en el que trabajaba como camarera su pareja, S. M. D. B., de 24 años, también acusada. Según la Fiscalía, otros dos imputados, Y. H., de 28 años de edad, y S. C. D. B., la hermana mayor de la anterior mujer, realizaban ventas de droga en el local, con el conocimiento y consentimiento del hostelero.
Tras la desarticulación del grupo, cuya actividad sitúan los investigadores entre finales de 2009 y principios de 2010, el pub fue clausurado unos 2 años y medio, por orden del juzgado de instrucción. La medida se alzó en abril de 2013. A finales de 2014, cuando se cerró la fase investigadora, el acusado J. M. G. M. seguía al frente del local.
La Fiscalía pide a Audiencia que el negocio vuelva a ser clausurado durante un periodo de 3 años. Además, el ministerio público defenderá en el juicio que el acusado no pueda dedicarse a actividades del mundo de la hostelería o la restauración durante el mismo periodo que la condena impuesta.
En el entorno del pub verinés se fraguó el operativo policial. Poco después de las 23 horas del 7 de mayo de 2010, el acusado Y. H. y su novia y quinta acusada, D. R. S. -una brasileña de 33 años y sin residencia ilegal, que presuntamente distribuía droga entre los clientes de los clubs de alterne de la zona de Verín, en los que ella trabajaba-, se dirigieron a las inmediaciones del local hostelero en un vehículo.
Una vez allí, relata la Fiscalía, entregaron a la acusada S. M. D. B. un paquete de plástico con 28 envoltorios y un contenido total de 10,282 gramos de cocaína. Según los agentes, se podrían obtener unas 21 dosis, valoradas en unos 300 euros. S. M. D. B. fue interceptada en el acto cuando presuntamente se disponía a introducir la droga en el local de su pareja. En ese lugar la Policía arrestó a su hermana, S. C. D. B., y al dueño del negocio.
Cuando fue arrestada, esta última mujer tenía en su poder dos envoltorios con 0,69 gramos de cocaína (de la que se podrían obtener algo menos de dos dosis, valoradas en 25 euros), así como 260 euros. La imputada D. R. S. tenía en su poder un envoltorio con algo menos de una dosis, 0,34 gramos de cocaína por valor de 11,5 euros. Los investigadores sostienen que, en ambos casos, las implicadas pretendían poner a la venta esas dosis.
Al día siguiente de las detenciones, la Policía entró con orden judicial en el domicilio de Y. H. Los agentes encontraron 12,867 gramos de cocaína (31 dosis valoradas en 443 euros), en el interior de la campana extractora, así como otros tres envoltorios con un total de 1,59 gramos de estupefaciente, del que se podrían obtener 1,7 dosis por valor de mercado de unos 25 euros. La comisión se incautó en el domicilio de 5 móviles y 280 euros que había en un paquete de arroz.
Tres son consumidores
Los agentes también inspeccionaron el establecimiento. En el almacén anexo a la barra, había una fiambrera de plástica con granos de arroz. Entre ellos se ocultaban 12 envoltorios con 3,82 gramos de cocaína, de la que se podrían obtener unas 9 dosis y un beneficio de cerca de 135 euros. Los agentes se incautaron de 82 euros de la caja registradora del pub de Verín.
Las defensas sostendrán que varios de los acusados tenían dosis en su poder porque eran adictos. La Fiscalía admite que tanto el hostelero J. M. G. M. como S. C. D. B. y D. R. S. eran consumidores de cocaína en el momento en el que ocurrieron los hechos. No obstante, para el ministerio público está claro que esa condición no influyó "de modo alguno" en sus facultades intelectuales, ni su capacidad para distinguir el bien del mal, "ni en la comisión de los hechos de los que se les acusa".
Por último, en el caso de que D. R. S. fuera condenada a menos de 6 años de cárcel, la Fiscalía pide su expulsión de España por su falta de residencia legal, con la prohibición de retornar antes de una década.
