La secretaria de la Cámara de Comercio, Rosario Lorenzo, se enfrenta a la primera de las causas que desde hace tres años investiga la Fiscalía por supuestas irregularidades en la entidad. a raíz de una denuncia formulada entonces por extrabajadores. El fiscal de asuntos económicos, Augusto Santaló, acaba de presentar el escrito de acusación contra Lorenzo Pontevedra por los presuntos delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios en el caso de los contratos de representación de la Cámara con una empresa en Brasil, y en cuya cuenta figuraba como firma autorizada, según el Ministerio Público, la secretaria, a la que acusa de retirar al menos 22.800 euros.

Por el supuesto delito de cohecho, el fiscal solicita tres años de prisión y otras tantos de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como 18 meses de multa con un cuota diaria de 30 euros (lo que sumaría más de 16.000 euros) y cinco años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por las supuestas negociaciones prohibidas a los funcionarios, la solicitud del Ministerio Público es de 10 meses de multa con una cuota diaria de 30 euros (9.000 euros) y dos años de suspensión de empleo o cargo público.

El escrito de acusación de Augusto Santaló sostiene que Rosario Lorenzo participaba en "la gestión de las operaciones bancarias" de la empresa que en su día había contratado la Cámara en Brasil, Contrato Em Comunicaçoes Empresariais Ltda., pese a que "sabía que esta empresa era beneficiaria de contratos con la Cámara pontevedresa" y nunca llegó a "ofrecer explicación del destino dado a las cantidades retiradas" (entre octubre de 2007 y marzo de 2011, al menos 22.800 euros, según la Fiscalía) por la secretaria, "por lo que se consideran pagos por facilitar la contratación" con la entidad cameral.

En su escrito, la Fiscalía señala que "la acusada ocupa el cargo de secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra desde el 13 de noviembre de 1998", cargo que aún ocupa, y entre sus funciones está la de "velar por la legalidad de los acuerdos" de la entidad, entre otras. Añade que "el 10 de abril de 2002, el comité ejecutivo de la Cámara acordó la creación de una oficina de representación en Brasil, para la cual se nombró como representante e n ese país a Juan José María Lago", que no figura en este escrito de acusación ya que el pasado mes se propuso abrir una pieza separada contra él por las dificultades en localizarlo en Brasil. Curiosamente, poco después llegó desde el país carioca una declaración de este segundo implicado y se ha pedido de nueva la reunificación de las causas.

Santaló mantiene en su acusación que al día siguiente de aquel acuerdo de abril de 2002 se aprobó en el pleno cameral "por unanimidad la firma de un convenio con la Dirección Xeral de Comercio para crear una oficina de representación en Florianópolis (Brasil) nombrando su representante a Lago (que anteriormente había actuado como becario".

En virtud de estos acuerdos a lo largo de la década siguiente, al menos hasta enero de 2012 "se firman por la Cámara contratos anuales con la empresa Contrato En Comunicaçoes Empresariais Ltda, representada por Lago. Dichos contratos, que se denominan de arrendamientos de servicios, se encuadran dentro del ordenamiento civil por las partes y tienen por objeto el asesoramiento, apoyo y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización de la economía gallega en Brasil. Como contrapartida, la empresa contratante percibe las cantidades que se determinan que, inicialmente, en el primer contrato, se fijan en 3.800 dólares mensuales. Dichos contratos están subvencionados por la Xunta en cantidades que van del 50 al 80%".