Son funcionarios investidos de un rango de agentes de la autoridad y a sí mismo se consideran, cuando el monte es un territorio plagado de emergencias por la amenaza del fuego, como la policía de los incendios. De ellos depende buena parte de la labor difícil en el esclarecimiento de la autoría y la causas de los frentes que cada año ponen en peligro bienes y vidas. En Ourense especialmente. La provincia, con cerca de 600.000 hectáreas de superficie forestal, es la que más incendios registra. Dos de cada tres ayuntamientos, un total de 62, están considerados por la Xunta como zona de alto riesgo.
Pero los agentes forestales ostentan más competencias, como vigilar las talas de madera y explotaciones forestales, controlar el cumplimiento de las vedas de pesca y caza o encargarse de que los particulares cumplan la normativa de prevención erradicando la acumulación de maleza en las proximidades de propiedades y casas, a una distancia mínima de 30 metros. A sus labores, los profesionales suman la preocupación por una escalada de casos de presuntas agresiones y amenazas por el rechazo a su actuación.
Según el sector, en la actualidad tres juzgados, en Lalín, A Estrada (Pontevedra) y Lugo, tienen causas abiertas por lo penal para esclarecer denuncias de supuestas desconsideraciones, amenazas y agresiones a agentes forestales y medioambientales. Los primeros, dependientes de la consellería de Medio Rural e do Mar, con competencia en incendios. Los segundos, adscritos a la de Medio Ambiente, encargados de materias de pesca, caza y vertidos. El colectivo está integrado en Galicia por unos 550 funcionarios.
En los casos abiertos en la justicia se denunció una agresión por una intervención ante una corta ilegal de madera; amenazas y golpes por un aprovechamiento ilegal, así como un último caso en el que un funcionario advirtió de una corta ilegal en el margen de un río y el infractor reaccionó contra él.
Además, uno de los episodios más recientes es una agresión sufrida por un agente medioambiental el pasado 30 de octubre en la localidad pontevedresa de Tui. El suceso también fue denunciado en el juzgado, que ahora decidirá.
Desde el colectivo relatan otras situaciones de desconsideración que, de forma "cada vez más frecuente", soportan agentes forestales y medioambientales. Como perseguidores del furtivismo y el respeto a las medidas de pesca y el periodo de veda de caza, se han encontrado con excesos. También han sido protagonistas de enfados de vecinos denunciados por otros residentes por no poner coto a la maleza que prolifera cerca de propiedades y casas.
Representantes del sector, entre los que se encuentra el ourensano Rafael Cudeiro, agente forestal en ejercicio y secretario de la asociación nacional AEAFMA, han mantenido una reunión esta semana para abordar esta problemática asociada, sin buscarla, a su labor. En el encuentro, celebrado en Redondela, también participaron integrantes de APRAFOGA, asociación de ámbito gallego.
Piden formación en defensa
Los dos colectivos estudian la posibilidad de personarse como acusación popular en todas las causas graves por este tipo de hechos. Pero además, emplazan a las administraciones públicas a que combatan esta problemática. Los profesionales quieren una oferta en programas de formación en defensa personal, que se facilite el uso de arma corta a los agentes que voluntariamente lo soliciten para prestar determinados servicios, así como la prestación de servicios en pareja para evitar conflictos y la dotación de medios suficientes.
El colectivo, que persigue una denominación común y un mismo uniforme en todos los territorios del Estado, denuncian que "no se reponen prendas del uniforme desde el 2007, muchos de los vehículos que utilizan son antiguos o están deteriorados y no existe formación continua ni protocolos de actuación"
