Cuestiones municipales en el ámbito judicial

El alcalde traslada toda la responsabilidad de las obras de Bedoya al edil del BNG, García Mata

Agustín Fernández, que en 2008 era concejal de Hacienda, declara ante el juez que la Junta de Gobierno Local actuó "correctamente" » Asegura que no hubo ninguna indicación relativa a que no se podría hacer la contratación

27.06.2014 | 02:28
El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, antes de prestar declaración ante el juez por las obras de calle Bedoya.

Eludiendo cualquier tipo de responsabilidad y convencido de que todo se hizo de forma correcta. El alcalde de Ourense, Agustín Fernández, aseguró ayer, antes de prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, en relación con la investigación judicial relacionada con las obras de la calle Bedoya, su "rotunda confianza" en que la junta de gobierno de 2008 -de la que formaba parte en calidad de concejal de Hacienda- actuó "correctamente y dentro de la más estricta legalidad" .

En sus argumentos de descargo para dejar patente su intervención como un miembro más de la Junta de Gobierno -todos cuyos integrantes están imputados-, Agustín Fernández trasladó toda la responsabilidad del proyecto de la calle Bedoya al edil responsable del área de Infraestructuras, el nacionalista, García Mata, por entender que "normalmente se da por hecho que los expedientes que llegan a la reunión vienen bien informados".

Así, Fernández declaró que en las dos juntas de gobierno "no se debatió nada, ni hubo preguntas ni comentarios" relacionados con las obras de la calle Bedoya. Y que en noviembre de 2008 en un pleno el PP solicitó la comisión de investigación sobre las mencionadas obras, y que "fue la primera vez que se tocó el tema". Además recalcó que los expedientes "se forman en las correspondientes áreas", en este caso la de infraestructuras que dependía en esos momentos del BNG, dentro del acuerdo de gobierno bipartito.

El regidor municipal socialista aseguró, antes de prestar declaración ante el juez, que se ponía "a disposición de la justicia" para "tratar de aclarar cualquier asunto, cualquier duda" que planteen tanto el fiscal como el propio magistrado. El Juzgado de Instrucción número 1 se encarga del asunto hasta que no se resuelva la recusación planteada por el exregidor, Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, ambos imputados en la causa, contra el titular del juzgado de Instrucción número 2, Antonio Piña, que admitió a tramite la denuncia y puso en marcha la investigación judicial.

Informes negativos

Agustín Fernández, que prestó declaración durante una media hora, mantuvo que la junta de gobierno local actuó "correctamente y dentro de la más estricta legalidad" en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya. Además, aseguró que no tenía conocimiento alguno de la supuesta existencia de informes negativos como habían puesto de manifiesto el jefe de servicio de la Asesoría Jurídica y el interventor municipal en una reunión previa a la redacción de los pliegos, según aparece en el auto.

De ahí la proclama del alcalde, en el sentido de que "la junta de gobierno no tenía conocimiento de informe de ningún tipo al respecto", con lo que pretende quedar al margen de cualquier responsabilidad que se hace extensiva a todos los integrantes de la junta de gobierno, formada en aquellos momentos por ediles del PSOE y del BNG.

La denuncia presentada por el grupo de Democracia Ourensana por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de la calle Bedoya, valoradas en casi 600.000 euros, mediante procedimiento negociado sin publicidad, fue admitida a trámite en el juzgado, después de los argumentos esgrimidos que señalaban directamente a una "contratación a dedo que habría favorecido a una empresa determinada.

Prevaricación administrativa

Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, procedió a la apertura de las diligencias penales por un supuesto delito de prevaricación administrativa, y procedió a la imputación, dentro de las diligencias, a la totalidad de la junta de gobierno.

El magistrado investiga una posible "concertación" entre las tres empresas participantes Dos de ellas, OCASA y Betunes y Firmes, compartían participación empresarial e incluso administradores, y la tercera Opain S.L, "completaba terna con frecuencia con las dos anteriores en otros procedimientos negociados".

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