El alcalde de Ourense, doblemente imputado por la calle Bedoya y las asistencias externas, defendió que en este último caso se impusieran fianzas a las acusaciones para evitar "fines espurios" y "publicidad negativa". El juez Leonardo Álvarez ha ratificado en 3.000 euros la cuantía exigida a USO, denunciante junto a la CIG de un presunto delito de prevaricación y malversación en los contratos con asistencia técnica a varios profesionales externos que acabaron con puesto fijo en el Concello de Ourense.
El magistrado considera que el depósito es necesario, coincidiendo en el criterio del regidor, investigado junto a su antecesor, la edil de Urbanismo, la directora xeral de Personal y dos exconcejales del BNG que aún deben declarar. "La condición pública de los imputados y el grave perjuicio que se les puede irrogar incluso en caso de archivo de las actuaciones, obliga a establecer un filtro que impida acceder al procedimiento a personas o entidades que puedan perseguir fines ilegítimos, por lo que la cuantía de 3.000 euros se antoja razonable", argumenta Álvarez.
Es su respuesta a un recurso de USO en el que consideraba la cifra excesiva en comparación, por ejemplo, con los 300 euros que se le exigieron a UPyD por ser parte en el proceso contra Iñaki Urdangarín. Pero el magistrado impone además las costas al sindicato.
La jurisprudencia del Supremo asumida por la Audiencia Provincial podría dar lugar a que unas acusaciones paguen y otras no. El PP, que quiere personarse contra el gobierno a menos de un año de las municipales, solo podría incorporarse si antes lo hace USO. La CIG no quiere pagar. Pero si el primer sindicato accediera a depositar esa cantidad, las otras dos partes podrían incorporarse sin afrontar importe alguno.
