La Audiencia Provincial de Ourense estudiará si el juez decano, y titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Ourense, Antonio Piña, puede seguir con las investigaciones sobre obras en la calle Bedoya. Estima así el recurso presentado por el exalcalde Francisco Rodríguez y la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, -dos de los trece imputados- en el que cuestionan su imparcialidad por supuesta afinidad con Democracia Ourensana, el partido que llevó al juzgado las presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras.

De esa forma, el auto de la Audiencia Provincial que se conocía ayer revoca el dictado el 29 de abril que no admitía a trámite el incidente de recusación promovido por Áurea Soto y Francisco Rodríguez contra el juez instructor, Antonio Piña. La magistrada presidenta de la sección 2 o Penal de la Audiencia negó la causa y decidió no admitirla a trámite. Tras un recurso de apelación del abogado de los políticos, la sala de dicha jueza (que no ha intervenido al ser la instructora de este proceso) acuerda admitir a trámite el expediente sobre el juez Piña.

La edil de Urbanismo y el exalcalde también denunciaron una "grave extralimitación de competencias" de la instructora, llegando a sugerir que el propio juez recusado redactó el auto desestimatorio. En el auto de la Audiencia, la sala concluye que "si bien se ha producido en el curso de la tramitación del expediente algún defecto procedimental, el mismo ni afecta a la cuestión de fondo, resuelta en cualquier caso por la instructora, ni ha ocasionado indefensión alguna a la parte".

Investigación

Con el auto de la Audiencia, el juez Antonio Piña seguirá apartado de la causa sobre las obras de Bedoya, y será el titular del Juzgado de Instrucción nº 1, Leonardo Álvarez, el que, hasta que no haya resolución sobre la recusación, siga con la investigación, como las declaraciones de los imputados, que están fijadas para el día 18 de junio, ya que según consideran los representantes de algunos de los imputados, el procedimiento judicial no se resolverá antes de esa fecha.

La jueza instructora, que seguirá siendo la presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia, Ana Blanco, deberá entender sobre el recurso de apelación presentado por la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, y el exalcalde Francisco Rodríguez, después de no admitirlo a trámite en un auto del 19 de abril, porque no expresaba los motivos para pedir la recusación.

En el auto que estima el recurso, el presidente de la Audiencia Provincial, Fernando Alañón, y dos magistrados han decidido que el escrito de recusación "no contiene la causa explícita por la que se plantea, sin embargo, de los términos del escrito se deduce que es la amistad íntima del juez instructor con un determinado político local, vinculado a la formación denunciante en la causa", en alusión a la denuncia presentada por Democracia Ourensana y a la posible amistad del juez con uno de sus candidatos.

Una interpretación que difiere de la que realizó en su momento la magistrada ponente, por entender que no había causa de recusación, además de no haber "defecto procesal" por el encabezado ir con el nombre del Juzgado y no de la Audiencia. Un error que aseguran es subsanable.

Mientras la Audiencia resuelve el recurso de apelación sobre la recusación del juez Piña, la investigación judicial que se puso en marcha sigue el calendario establecido, aunque, con toda probabilidad, con el magistrado de Instrucción Leonardo Álvarez. El calendario de citaciones está establecido: para tres empresarios, un técnico municipal y todos los políticos que estuvieron en la junta de gobierno de 2008, del PSOE y del BNG, que adjudicó las obras de la calle Bedoya a la empresa OCA, se mantiene.

El día 18 de junio están llamados a declarar como imputados los representantes de las tres empresas Opain, Ocasa y Betunes y Firmes, y la tercera concurrente, Orega, a partir de las 10.00 horas. El día siguiente, 19 de junio, están llamados a declarar, en calidad de imputados, el exalcalde Francisco Rodríguez, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, que ya lo era en 2008, y el expediente alcalde de aquel entonces, Alexandre Sánchez Vidal. También están citados como imputados el asesor jurídico municipal de 2009 Luis T.I. para el día 24, el alcalde Agustín Fernández y el exedil de Medio Ambiente Demetrio Espinosa, para el día 26 de junio. El día 27, acudirán la edil de Sanidade, Marga Martín, las exediles Isabel Pérez y Marta Arribas, y el otro exteniente de alcalde, Andrés García Mata.