El Concello pagó 402.000 euros por un edificio en ruinas sin contar con todos los propietarios

El portavoz de DO asegura que se trata de una "estafa de libro", sin descartar acudir al juzgado, y pide que se recupere el dinero »La edil de Urbanismo reconoce que "la compra no estuvo bien hecha" y el PP advierte de un posible delito

07.06.2014 | 01:26
El edifico en ruinas en la calle Libertad, en el casco histórico, que en su momento compró el Concello de Ourense.

Al gobierno municipal socialista no le quedó otra que reconocer en el pleno de ayer que pagó 402.039,62 euros por el edifico en ruinas en la calle Libertad, en el casco histórico, el antiguo colegio María Gorreti, sin contar con todos los propietarios, y del que no es propietario al anular la compraventa realizada en su momento, después de que el portavoz de DO. Gonzalo Pérez Jácome, asegurase que "estamos ante una estafa de libro", y solicitase, a través de una moción, que por parte del Concello se proceda a recuperar la cantidad económica que se pagó, y vuelva a las arcas municipales. Una propuesta que no se llegó a votar al retirar la misma al no aceptar una enmienda de los nacionalistas, aunque deja abierta la puerta de la vía judicial.

Una cuestión que intentó relativizar la edil de Urbanismo, Áurea Soto, después de asegurar que "la compra no estuvo bien hecha", y justificarse en que "yo soy arquitecta", pero ante la presión de criticas por parte de la oposición, explicó que los servicios jurídicos del Concello estudian como "conseguir el bien- el edificio, además de estar a favor de recuperar ese dinero".

Fue después de que la edil popular, Carmen Carballo, realizase una exposición de lo más clarificadora: "El Concello no tiene ningún tipo de propiedad. Compró a quién no eran los propietarios. Y la sentencia del Juzgado, que anulaba la compra venta, no fue recurrida", además de subrayar que la demanda interpuesta contra uno de los propietarios que no firmó la venta llevó a que el Juzgado la desestimase hace algo más de un año además de imponer las costas procesales al concello por importe de 34.139 euros".

El motivo de la desestimación de la demanda fue que los vendedores del 95,17% "no eran propietarios del edificio", debido a que el mismo pertenece a una comunidad hereditaria estando la herencia sin dividir, careciendo, además los vendedores de titulo de propiedad sobre el inmueble.

De ahí que ante está situación, Carmen Carballo realizase dos preguntas concreta al gobierno municipal, en el sentido de "¿cuál fue el motivo de que el concello no recurriese en apelación?". La respuesta la daba la propia edil popular: "de dieron cuenta de que no se hizo una compra de forma regular". También preguntó si el Concello abonó las costas impuestas por el Juzgado, los más de 34.000 euros, y que "abonarán todos los ourensanos que son víctimas de la mala gestión del gobierno".

No hubo respuesta por parte de la edil de Urbanismo, que se limitó a señalar que el objetivo ahora es "rematar la compra del edificio, y superar los atrancos que hay".

Por su parte, el alcalde, Agustín Fernández, se escudó en que "lo más importante es el debate político, no el jurídico", en alusión a la intervención de la edil popular, y ceñirse al ámbito administrativo, en el que "se cometen errores, y en ese mismo ámbito se deben resolver", ante la advertencia de que el asunto puede terminar en la vía penal, como así lo dejo entrever el portavoz de DO.

Ante las justificaciones del alcalde y de la edil de Urbanismo, y que para Carmen Carballo reflejan que "los socialistas son catedráticos en demagogia", también recalcó que el "concello compró algo que no tiene", y que en su momento, ante de formalizara la misma "debieron consultar el registro de la propiedad.

También hizo referencia la edil popular, es que el alcalde, en aquel momento Francisco Rodríguez, y los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno Local que aprobaron la compraventa "podrían, y digo podrían, haber incurrido en un delito de responsabilidad civil", además de revelar que el propio notario advirtió a los que firmaron como propietarios de la situación en que se encontraba el inmueble, posteriormente refrendada por la sentencia judicial en cuanto a la titularidad de la misma.

Por su parte, el portavoz nacionalista, Xosé Somoza, aseguró que "estamos ante un episodio llamativo"", y considera que el Concello también debe reclamar, además de l dinero que se pagó, los intereses y las tasas que se dejaron de pagar", y que el mismo se destine a la rehabilitación de edificio en el casco histórico de titularidad municipal y con destino a viviendas sociales.

Sostiene Somoza que los datos son de lo más reveladores, y concluye que "se trata de una compra indebida y que nunca se debió formalizar".

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