El urbanismo de Ourense vive en los juzgados. El PXOM 2003 dejó de existir por un dictamen del Supremo, decenas de promotoras y particulares reclaman sus derechos y la edil que modeló el nuevo plan, la segunda teniente de alcalde, Áurea Soto, afronta tres de sus cinco causas vinculadas a cuestiones urbanísticas en las que un mismo promotor acusa. En uno de esos procedimientos por lo penal, el de la legalización de un aparcamiento privado en la Plaza San Antonio, ayer declararon el abogado externo que informó a favor de las licencias -acudió como imputado-, así como el arquitecto municipal -testigo, ya jubilado- que propuso una indemnización de 358.000 euros a una propietaria cuya retirada de demanda evitó tener que demoler la céntrica urbanización entre las calles Ramón Cabanillas, Bedoya y Buenos Aires.
El letrado ajeno al Concello, Carlos Hernández, cuyo despacho suma unos 150.000 euros en sucesivos encargos del ayuntamiento desde 2008, se distanció de la labor de los técnicos con plaza en el Concello. El letrado admitió que fue requerido por Áurea Soto para informar la licencia y también reconoció sus discrepancias con el personal del ayuntamiento que tiene plaza. La edil acudió a él, dijo, para "salvar" que la ejecución de derribo no se llevara a cabo. La demolición hubiera supuesto un coste de 40 millones de euros. Efectivamente la impidió ante el TSXG. Planteó un incidente de inejecución distinto al de los técnicos municipales, cuyo intento previo calificó de "equivocado" ante el juez del caso de la Plaza San Antonio, el titular de Instrucción Uno, Leonardo Álvarez.
El profesional, el mismo que asesoró al PSOE en los recursos del PXOM 2003 o el que asiste a Soto y al exalcalde en el caso de la calle Bedoya, negó haber realizado una cobertura a la acción de Áurea Soto sin tener base. "En mis 35 años de ejercicio nunca hice un informe a la carta", afirmó. Preguntado por qué ningún técnico municipal avaló su informe, el imputado sostuvo que, en su opinión, los técnicos del Concello procedieron de forma que "no era correcta".
Hernández también interpretó, según su declaración, que la jurisprudencia le permitía informar a favor de las licencias, pese a que sentencias del TSXG anulaban la licencia y declaraban de dominio público el subsuelo. En 2007, con Áurea Soto como edil de Urbanismo recién llegada, el ayuntamiento legalizó el aparcamiento subterráneo de la urbanización, explotado por una empresa privada. El letrado interrogado ayer -fue defendido por una compañera de despacho- entiende que el TSXG avaló la posición del Concello.
Antonio Feijóo Miranda, el abogado de Casas Orense, la promotora que acusa de prevaricar a Áurea Soto, aportó a la causa, como prueba, un documento en el que el contratista cedió la Plaza de San Antonio a dominio público, en 2011. "Cómo puede decirse en 2007 que la plaza es privada y no de titularidad pública, para justificar dar licencias en el subsuelo?", se pregunta. La acusación cree que Hernández fue contratado para informar porque los funcionarios se negaron.
Ayer fue interrogado, además, un arquitecto municipal ya jubilado, C.O.C.. El técnico informó el expediente de legalización que ahora se cuestiona por lo penal tras una denuncia de Democracia Ourensana que sostiene la promotora como acusación. El arquitecto considera la plaza era de uso público pero de titularidad privada.
El testigo hizo un informe a petición de una letrada de la asesoría jurídica para abonar la indemnización a la particular de Bedoya que percibió 358.000 euros por una reducción de luminosidad trasera. Era una vivienda de 1975. Ante el juez admitió que no llegó a inspeccionar la vivienda ni comprobó su antigüedad, aunque consultó "la parte técnica". Su informe fue suscrito, subrayó, por los demás técnicos del servicio.
La acusación mantiene el establecimiento de la indemnización se hizo para "comprar con una cantidad injustificable el silencio de la denunciante, que inmediatamente retiró el recurso", según el letrado Antonio Feijóo Miranda.
